Elecciones 2013: más de la mitad de los partidos porteños manejaron dinero por fuera de la ley

En la Capital Federal existe una ley pensada para regular las transacciones que hagan los partidos políticos durante las campañas electorales. Se trata de la 268, que fue sancionada en 1999. 

Según esta norma, y para facilitar el control del uso de los fondos, las agrupaciones que participen de una elección están obligadas a abrir una cuenta especial en el Banco Ciudad, en la que deben quedar registradas todas las operaciones que se realicen, incluyendo los aportes tanto públicos como privados, y los gastos que insuma la campaña propiamente dicha. 

Sin embargo, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), organismo que por la misma ley tiene competencia para controlar el desempeño de los partidos, detectó varios incumplimientos de esta obligación en todas las campañas que le tocó fiscalizar desde que se sancionó la norma, hace 14 años.

En ese sentido, las últimas elecciones legislativas del año pasado no fueron la excepción, a punto tal que de los 24 partidos que participaron de los últimos comicios, 14 realizaron operaciones por fuera de sus cuentas especiales.

Porteños a votar

A fines de junio de 2013, y por decreto, se convocó al electorado de la Ciudad de Buenos Aires a elegir 30 legisladores y 10 suplentes, en unos comicios que se desarrollaron el 27 de octubre y coincidieron con la votación de recambio parlamentario que se dio a nivel nacional.

Para participar de aquella jornada se inscribieron 24 partidos y alianzas, de los cuales uno no alcanzó a presentarse en la elección (Convergencia Popular Porteña, Lista 905).

Con respecto a cómo los partidos financiaron sus campañas, la mencionada Ley 268 establece, en su artículo 9, un aporte del Estado porteño de $ 1,70 para cada categoría y por cada persona empadronada. Teniendo en cuenta que el padrón de la Ciudad es de 2.554.374 votantes, y que sólo se elegían legisladores, el presupuesto público destinado a contribuir con el proceso electoral ascendió a $4.342.435,80.

Ese monto se repartió entre los partidos a razón de $ 1,70 por cada voto obtenido en la elección anterior, mientras que las listas que no tuvieran antecedentes inmediatos, recibirían la misma cantidad de dinero que la agrupación que hubiera salido última en la pasada votación.

Y lo dicho: ya en campaña, los movimientos que se hicieran tanto de los aportes públicos como privados, debían quedar registrados en la cuenta especial que cada partido debía abrir en la casa matriz del Banco Ciudad, en virtud de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 268.

Siguiendo con el proceso, 10 días antes de la elección cada partido debe presentar a la Auditoría porteña un informe con los ingresos y gastos de su campaña, detallando origen y destino de los fondos, más una proyección de las transacciones de cara a la votación propiamente dicha. 

Un mes después de la jornada cívica, los partidos tendrán que presentar otro informe, en este caso con las cifras definitivas de su campaña. 

El rol de la Auditoría

Además de recibir estos informes, la Auditoría de la Ciudad tiene un plazo de tres meses –contando desde el día de la elección- para elaborar y dar a publicidad sus conclusiones sobre el desempeño de los partidos políticos. 

Ese relevamiento fue aprobado en febrero de este año y, según los propios auditores, durante el trabajo surgieron algunas limitaciones al alcance de sus tareas. Es el caso de la coincidencia con la elección nacional; es que el hecho de producirse dos procesos electorales distintos (con rendiciones de gastos en dos jurisdicciones diferentes), generó una “dificultad para establecer una línea divisoria precisa entre las dos campañas simultáneas”.

Al mismo tiempo, el no uso de la cuenta bancaria especial por parte de 14 de los 24 partidos llevó al organismo de control a buscar una alternativa para hacerse de los datos necesarios. Así fue que se solicitaron datos a los proveedores declarados por las propias agrupaciones políticas, pero como esta participación no es obligatoria, a la fecha de cierre del informe sólo el 34,7% de los convocados había respondido al pedido de colaboración.

Las cuentas

Con respecto a las cuentas especiales, el informe de la Auditoría señaló que “la modalidad de la operatoria” del Banco Ciudad generó, por un lado, que las aperturas se hicieran en algunos casos con la campaña ya empezada.

A eso hay que sumarle que no se pudiese identificar cuáles eran las cuentas que se habían abierto específicamente para la campaña y que hasta se le cobraron comisiones a los partidos políticos por los movimientos de fondos. 

También en relación al Banco Ciudad, el informe sostiene que la entidad “no tiene estipulada en particular la figura de la Cuenta Única de Campaña Electoral, que debiera (incluir) para su obtención y administración una modalidad excepcional y distintiva a fin de cumplir con sus objetivos y tiempos perentorios”.

Otra particularidad destacada por la AGCBA es que para la apertura de las cuentas especiales de los partidos se requiere la certificación oficial del Superior Tribunal Electoral. Hasta aquí, todo bien. El tema es que ese reconocimiento se hace es a posteriori de la oficialización de las listas de candidatos, es decir a menos de un mes de las elecciones: “Como toda relación causal, si no se resuelve en la práctica este trámite formal con antelación adecuada, la apertura y el uso mismo de la Cuenta Especial de Campaña no podrá cumplir con su objetivo real de mecanismo de control y transparencia, convirtiéndose en los hechos en un requisito formal más”, sentencia el informe.

Los partidos

A esta altura se hace necesario aclarar que ninguna de las tres fuerzas políticas consideradas más importantes del espectro porteño realizó operaciones por fuera de su cuenta bancaria especial. 

En detalle. Los gastos totales de Unión PRO (Lista 503) ascendieron a $ 3.085.813, un monto conformado por una contribuciónpública de $ 1.485.813 y un aporte privado de $ 1,6 millón.

La alianza UNEN (Lista 502), por su parte, dispuso de $ 508.280, que casi en su totalidad provinieron del Estado porteño, ya que el partido declaró aportes privadospor apenas 2 mil pesos. 

Mientras que el Frente para la Victoria tuvo gastos totales de $ 1.388.184 (aportes públicos de $ 903.378 y privados por $ 485 mil).

Pero, por el lado de las fuerzas que no cumplieron con la Ley 268, se destaca el partido Aluvión Ciudadano que no depositó en su cuenta única los aportes privados que recibió. La observación es relevante, ya que el monto en cuestión –unos $ 206 mil- representó el 86,3% de todo el dinero que gastó la agrupación en la campaña 2013 ($ 238.516).

Algo parecido ocurrió con el Partido Suma Izquierda Democrática (Lista 904), que recibió $ 107.881 de aportes privados, pero antes de abrir su cuenta bancaria especial, por lo que esos fondos nunca pasaron por los controles previstos. 

Hubo, asimismo, unalista que no declaró gastos por más de $ 100 mil. Se trató del Partido Nacionalista Constitucional UNIR que, según el informe, sólo recibió aportes públicos por apenas $ 31.038.

Números totales

En las elecciones porteñas 2013, la contribución pública para todos los partidos ascendió a $ 4.261.578; los aportes privados sumaron $ 3.252.659 y los gastos generales fueron de $ 7.429.880.

Además, fueron 14 las agrupaciones que manejaron fondos por fuera de sus cuentas especiales, con observaciones tales como aportes privados hechos en efectivo o tarjetas de crédito personales, o la no presentación de los extractosbancarios. En conjunto, esas operaciones totalizan $ 635.555.

Para más detalles, ver el siguiente cuadro.