Pese a que el máximo de permanencia en los talleres de rehabilitación psiquiátrica de la Ciudad de Buenos Aires es tres años, la Auditoría porteña (AGCBA) detectó que hay pacientes que asisten a las instituciones hace más de una década. Es el caso de dos internos que realizan su tratamiento en el Taller Nº 6, que está en Bartolomé Mitre al 3300 y se dedica a tareas de imprenta, además de un tercero, que concurre a la misma sede hace más de siete años.

El organismo de control tomó como muestra a 68 de los 230 pacientes que se atienden en el servicio, que depende de la Dirección General Adjunta de Salud Mental, y comprobó que el límite de tiempo de los tratamientos no se cumple en el 35% de los casos.

Por otro lado, el informe señala que la Dirección “no conoce el grado de reinserción social” de quienes van a los talleres porque no cuenta con un programa de seguimiento luego del alta de los pacientes. Asimismo, tampoco se confeccionan estadísticas ni otros procedimientos que permitan medir las causales de inasistencia que se registran en las sedes: “La falta de indicadores adquiere una significación negativa en cuanto al control de la gestión del programa”, completa la AGCBA.

Los talleres protegidos de rehabilitación psiquiátrica están destinados a pacientes de entre 18 y 60 años, con trastornos severos, en tratamiento y compensados. La Ciudad tiene 13 sedes en el centro administrativo, más otros complejos, donde se prestan servicios para las reparticiones del Gobierno porteño, como herrería, carpintería, pintura, industrialización de chapa, imprenta y costura. Además, en el predio del Hospital Borda funciona el Taller Nº 4, un laboratorio de productos medicinales que, sin embargo, “no cumple funciones de rehabilitación”. Es que, a pesar de ser un espacio destinado al programa de asistencia y formar parte de su presupuesto, el organismo de control dice que en el taller “no colabora ningún paciente” y “sólo trabaja personal especializado”.

Si bien el 100% de los encuestados están conformes con las actividades que realizan dentro del programa, el informe destaca que la falta de interacción entre los talleres y las distintas esferas del Gobierno dificulta la inserción comunitaria de los pacientes: “No existe una articulación (que permita) conformar una subred, tal como lo menciona la Ley 955”, afirma la AGCBA en referencia a una norma de 2002, reglamentada cinco años después mediante el decreto 1627/07, que promovía la formación de grupos menores dentro del servicio, donde los pacientes encuentren “un lugar de pertenencia, se integren con pares, incorporen hábitos laborales y desarrollen aspectos de su autonomía personal y social”.

Dentro de los talleres, la Auditoría observó que los baños “no funcionan adecuadamente”, no existe servicio de limpieza y mantenimiento, no hay sanitarios ni rampas de acceso para discapacitados, los matafuegos están vencidos –excepto en el taller laboratorio-, no tienen alarma contra incendio y no disponen de salidas de emergencia ni plan de evacuación: “Las condiciones actuales de la planta física no aseguran la integridad de los pacientes ni del personal en caso de ser necesaria una evacuación”, concluyó el organismo de control.