Los vacíos legales en materia hídrica se llenan de agua y ameritan ser tratados en el Congreso
Un informe de la AGN detectó falta de concordancia entre las normas que regulanlos presupuestos mínimos ambientales y la protección de aguas. Una de las leyes fue sancionada hace doce años y “todavía no fue reglamentada”. No están claras las competencias de la Nación y las provincias, no hay mecanismos formales de articulación entre las dependencias, ni instrumentos legales que estipulen metas y objetivos.
La Auditoría General de la Nación (AGN) no encontró evidencia de que se haya “desarrollado una estrategia orientada a la conservación de la calidad del agua, ni a programas de monitoreo, ni al control de la contaminación” en las 23provincias que componen el suelo argentino, en la Ciudad, ni a nivel nacional. De hecho, desde 2008 hasta junio de 2014 “solo se monitoreó la calidad del agua en el 10% de las estaciones hidrológicas”.
Luego de los lamentables hechos ocurridos en la provincia de Buenos Aires el tema del agua pasó a primera plana. A partir de este informe, que evalúa la implementación del Plan Nacional Federal de Recursos Hídricos (PNFRH), salen a la luz numerosas falencias en torno a ella.
La legislación vigente es uno de los problemas más relevantes detectados por la AGN. Las normas que rigen esta materia en nuestro país son la ley 25.678 y la 25.688. La primera establece los presupuestos mínimos ambientales y la segunda tiene el mismo objetivo pero con la protección ambiental de aguas.
Además de existir una falta de concordancia entre ambas; la ley 25.688, sancionada hace doce años, “todavía no fue reglamentada”. Del examen de su contenido también se desprende que “no tiene objetivos, ni metas referidas a un mínimo de calidad del recurso hídrico, no define autoridad de aplicación, no deja en claro las competencias de la Nación y las provincias ni los mecanismos de coordinación interjurisdiccional”. A esto se le suma que “aparece cuestionada también por su inconstitucionalidad”.
En función de los principios rectores de la Política Hídrica, la Subsecretaría de Recursos Hídricos y el Consejo Hídrico Federal (COHIFE) -conformado por la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y las 23 provincias-, elaboraron el Plan Nacional Federal de Recursos Hídricos. El documento base de este proyecto fue aprobado en 2006 a fin de “facilitar la coordinación y la cooperación entre todos los organismos que tengan incumbencia en la gestión del agua”.
Su elaboración fue en función a los principios de equidad, para asegurar la provisión de agua potable y saneamiento a toda la población; eficiencia y desarrollo sostenible, para optimizar el aprovechamiento del agua; minimización de riesgos, para prevenir inundaciones y sequías; y desarrollo sostenible para prevenir y reducir la contaminación de los fluidos.
Pero, pese a sus nobles objetivos y su elaboración federal, “todavía no quedó formalmente establecido a través de un instrumento legal”. Además, “en sí no constituye un plan porque no define metas cuantificables, ni estrategias de implementación, ni previsiones de financiamiento”. A ello se suma que “el documento final nunca fue elaborado” y que “el proceso de planificación estratégica fue interrumpido por falta de financiamiento”.
Hoy en día, la gestión de los recursos hídricos comporta la concurrencia de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de dos consejos federales, el ya nombrado COHIFE y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
Del examen que la AGN realizó sobre ellos se ve que “no se han establecido mecanismos formales de coordinación entre la Secretaría y los dos entes federales”. Sobre la interacción con las autoridades en materia ambiental se observó que fue “esporádica y por cuestiones puntuales”.
En conclusión, “no hay mecanismos formales de articularon con los organismos de la cuenca, ni una planificación orientada a fortalecer a sus autoridades, ni se desarrollaron los mecanismos para promover la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones”.
En el tratamiento del informe, por todo lo expuesto, el Auditor General Horacio Pernasetti manifestó que “en materia de gobernanza hay una falta de armonización de los principios rectores de la política hídrica entre los distintos organismos y las jurisdicciones, incluso en la definición de funciones”, por lo que, “el destinatario principal de este trabajo debe ser el Congreso de la Nación para que defina si modifica la ley o define otro tipo de política”.
Red Hidrológica
La mayor parte de la información del agua proviene de la Red Hidrológica Nacional de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que representa el 94% de las estaciones. Existen varios tipos y en ellas se registran tanto parámetros meteorológicos como otros tipos de datos sobre el agua, los ríos, lagos y embalses, las corrientes, los depósitos de sedimentos, solo por nombrar algunas cuestiones.
De las 629 estaciones que hay en la argentina el 67% está activo. En la Provincia de Buenos Aires solo hay dos, cuando en Salta hay 32 activas, en Mendoza 57y en Santa Fe 52. Lo llamativo es que en la PBA, puntualmente en el Río de la Plata, desemboca la segunda cuenca hidrográfica más grande del mundo a través de los ríos Paraná y Uruguay.
