El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) de la República de Costa Rica tiene como objetivo “proteger y promover los derechos de las Personas Menores de Edad (PME) ante situaciones potenciales o reales de vulneración”. Sin embargo, la Contraloría General de ese país señaló que “no se brinda una suficiente y oportuna atención a las denuncias recibidas”.

Según el Informe de Evaluación Anual de Metas, “de un total de 41.027 menores sobre los que el Patronato recibió denuncias se atendieron sólo 28.877”, lo que representa el 70,4% de la población. Si se tiene en cuenta que la meta para el año evaluado, que fue el 2012, era responder el 77,5% de las demandas se estuvo cerca del objetivo, pero cuando dejamos de lado lo teórico “fueron 12.150 los niños, niñas y adolescentes cuyos derechos estaban vulnerables y no recibieron respuesta por parte del PME”.

Los coordinadores de las 41 oficinas del PANI informaron que la principal causa que afecta su labor es “la falta de recursos humanos”. Sin embargo, la Contraloría afirmó que “el organismo no determinó la carencia real ni realizó un clara definición de los perfiles profesionales requeridos que permitan la asignación y distribución de personal”.

Los responsables señalaron otras condiciones que contribuyen a la deficiente gestión como “la carencia de vehículos para realizar todas las intervenciones y seguimientos correspondientes, los topes en los cupos de albergues u organizaciones no gubernamentales o la presentación de denuncias con información incompleta“.

La Contraloría también evaluó los casos atendidos y para eso revisó 140 expedientes. En muchos “no había documentos que evidenciaran la elaboración de planes de intervención que delineen la atención requerida por cada menor así como tampoco un seguimiento periódico”. De hecho, el 58% de los legajos no tenía esa guía de acción que incluyera los procesos psicosociales a abordar y los tiempos. 

Además, “se evidenció la omisión o envío inoportuno de casos a la vía judicial”, entre otras cuestiones. Otro dato recabado por la Contraloría que quizá sirva para comprender poqué no se alcanza a cumplir el objetivo es que “las acciones para la promoción de los derechos no fueron suficientes”. Pese a los esfuerzos realizados por el PANI, que fueron resaltados por los auditores, los problemas de desarrollo y bienestar social en sectores prioritarios aún persisten y deben ser resueltos.

A partir del 2012 se implementó un sistema alternativo de contratación de servicios técnicos y profesionales “con el fin de fortalecer el abordaje de las distintas problemáticas de los niños y adolescentes". Pero, según la Controlaría de la República, “ese sistema no dio los resultados esperados” y entre los principales motivos está que al 13 de agosto de 2013 “solo se había ejecutado el 7% de los recursos asignados”.

Un clásico   

La tecnología suele utilizarse para facilitar los procesos, pero iniciarse en ella suele ser caótico y ésta no es la excepción. INFOPANI pretendía ser un sistema de información para la gestión integral de todas las actividades pero al cierre de la auditoría “solo lograba dar una solución parcial a los requerimientos de la institución”. Es que “todavía no estaba funcionando en todas las oficinas por lo que la carga de datos no era uniforme y dificultaba el seguimiento y control de los casos”. Además, “no permitía realizar estadísticas oportunas que reflejen la efectividad de los trabajos del Patronato”.