“La ocurrencia de un mayor número de siniestros viales y, por ende, de población con lesiones graves de tránsito hace que la gestión del plan pierda eficacia”, afirma la Auditoría General de la Nación (AGN) en el informe que evaluó el Proyecto de Seguridad Vial, llevado adelante por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) cuya misión era, justamente, “reducir la tasa de siniestralidad en el territorio argentino”.

Para el análisis realizado por la AGN, y aprobado en abril de 2016, se seleccionaron como base de muestreo tres corredores de alto riesgo: la Autopista N°2 y la Ruta Nacional Nº 9 en sus trayectos Buenos Aires – Rosario y Rosario – Córdoba.

Pese a que la meta era “bajar los accidentes en un 5% entre 2011 y 2013”, solo por citar un ejemplo, en la Autopista N°2 en 2010 los siniestros fueron 27, en 2011 bajaron a 16, pero en 2012 ascendieron a 31 y en 2013 tuvieron un crecimiento exponencial que alcanzó los 163.

El proyecto está estructurado en dos etapas, una de implementación y otra de consolidación que debían ser ejecutadas entre 2010 y 2020, con el aporte de U$S 50 millones del BIRF y utilizando U$S 30 millones en la primera parte. Se esperaba que para fines de 2013 estuviera ejecutado el 60% del primer desembolso. Sin embargo, cuando terminaba ese año “solo se había gastado el 26,7%”, lo que refleja, según los auditores, “un acotado nivel de eficacia financiera”.

Siguiendo con los montos ejecutados, para elaborar el Plan Estratégico de Seguridad Vial se utilizaron $2.3 millones. No obstante, los lineamientos “no tuvieron continuidad y causaron que “no se logren las metas de gestión”.

Uno de los componentes del Plan era fortalecer el sistema de información a través del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Para evaluar su desarrollo, el equipo de auditoría solicitó un mapa de los siniestros que contenga variables como fecha, hora, lugar y condiciones climáticas que condicionaron al evento. Se verificó que “pese a contar con los sistemas informáticos para producir el plano de siniestros georreferenciados a nivel nacional, no se publica”.

También se solicitó una base de datos que contenga los accidentes con víctimas y fallecidos por municipio en la Provincia de Buenos Aires. Del análisis de la información recibida, la Auditoría concluyó que “era inconsistente” ya que, por ejemplo, “en el municipio de Lomas de Zamora no hay fallecidos para el período 2010 a 2013”. El trabajo agrega que “el Observatorio todavía no consensuó una metodología para el registro de datos a fin de tener información exacta de cada jurisdicción”.

Una de las actividades tendientes a fortalecer la capacidad institucional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial está relacionada con las campañas de educación, concientización y comunicación. En función a ese objetivo, se planteó la realización de talleres para alumnos de escuelas secundarias y la entrega de 970 mil cuadernillos.

Del análisis de los informes de avances, “no se encuentran los criterios de distribución del material”.

Tampoco hubo un seguimiento ni un monitoreo que permita evaluar la efectividad de la acción.
Uno de los elementos fundamentales para fortalecer la capacidad de control de tránsito son los exámenes de alcoholemia. En esa línea se planeó la adquisición de mil alcoholímetros e impresoras de resultados por casi U$S3.9 millones para utilizarse en la temporada de verano 2013. El expediente de compra se inició en agosto de 2012 y, tras sucesivas demoras, “solo se logró la adjudicación parcial de 270 unidades”. La Auditoría cuenta que finalmente “el contrato fue cancelado por ambas partes”, pero las tardanzas no hacen más que reflejar “la ineficaz gestión en el proceso de compra de la Agencia de Seguridad Vial”.

El Sistema Nacional de Infracciones (SINAI) está integrado por tres actividades: el Sistema Nacional de Registro de Infractores, el Control Interjurisdiccional de Infracciones y el Plan de Radarización. Luego de analizar la documentación de las iniciativas, la AGN concluyo que “todas presentaban avances”, pero al no haber metas anuales ni cuantitativas “no se puede evaluar la eficacia”.

Como punto negativo el organismo de control también destaca que “no se produjeron avances en la cantidad de hospitales incorporados a la red de información de lesiones vinculadas al transporte” tal cual lo requiere el proyecto. Los auditores añaden que se necesita como mínimo que “se agregue un hospital por año”.

Existe un fondo de incentivo para la implementación de prácticas de seguridad vial y se esperaba que para el tercer año se haya ejecutado en un 60%. Pero no solo hubo una baja utilización de los fondos (42%), sino que “no existió relación entre la cantidad de siniestros viales con víctimas y los fondos recibidos, lo que podría llegar a mermar el nivel de eficacia perseguido”.

Conclusión

Todas las irregularidades y debilidades expuestas en el informe  “justifican la necesidad de extender el plazo de ejecución del préstamo hasta febrero de 2017, incluso con el visto bueno del BIRF, por el escaso avance logrado”.