Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) señala que de cada diez puertos que existen en el país, siete funcionan sin habilitación. El organismo de control detectó que actualmente operan en la Argentina 201 terminales; de ese total, 41 tienen todos los papeles en regla (el 20,4%); 18 están en la categoría de “desestimados” (8,9%); hay un “registrado”, y los otros 141 trabajan con sus permisos “en trámite”, lo que representa el 70,1%.

Existe en el Estado nacional un área específica que regula la actividad portuaria. Se trata de la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, que actualmente funciona bajo la órbita del Ministerio del Interior y Transporte. 

Si bien en 1992 todos los puertos, salvo el de Capital Federal, pasaron a depender de sus respectivas provincias, la Nación retuvo la potestad de habilitar el funcionamiento de las terminales. Eso fue lo que analizó la Auditoría en su informe, aprobado a fines del año pasado.

Dice este trabajo que un requisito para obtener las habilitaciones de los puertos es contar con una evaluación de impacto ambiental, tal como lo establece la Ley General de Ambiente, la 25.675 de 2002, para “toda actividad susceptible de degradar el ambiente o afectar la calidad de vida de la población”. 

Pero puertas adentro de la subsecretaría los investigadores observaron la “ausencia de manuales de normas y procedimientos que regulen la problemática ambiental en materia portuaria”. El dato no es nuevo; de hecho, ya figuraba en informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) de 2004 y 2006, y en una auditoría interna hecha en 2009 por el Ministerio de Planificación, del que antes dependía el área analizada.

Sin embargo, no sólo faltan normas. El informe añade que “no existe un área de competencia ambiental, pese a que en las misiones y funciones de distintas dependencias se aprecian obligaciones de gestión y de dictado” de reglamentación sobre esta temática. Tampoco se encontraron en la subsecretaría constancias de que hayan capacitaciones sobre medioambiente. 

Con este panorama, no sorprende que, siempre según la Auditoría, no haya documentación que acredite la creación y aplicación de planes para controlar la gestión ambiental portuaria, ni que desde 2002 no aparezca ninguna constancia de que se exija a los administradores portuarios las evaluaciones de impacto ambiental.

Todo esto provoca que el proceso para habilitar un puerto tarde más de la cuenta. Pero la AGN agrega otro dato; cuando alguna terminal obtiene el permiso correspondiente, “no se realiza un seguimiento adecuado del mismo”. 

Y es que los certificados de aptitud ambiental vencen a los dos años de ser otorgados, siempre y cuando un puerto no modifique sus instalaciones en más de un 20% durante ese período. Si lo hace, el proceso vuelve a cero y nuevamente comienzan los trámites para obtener esos papeles.

Como dato al margen, y volviendo a la Ley de Ambiente, la Auditoría revela que, contando desde 2002, no hay evidencias de que se ponga en práctica otra de las medidas establecidas esa norma: la habilitación de mecanismos de participación ciudadana, como consultas o audiencias públicas, específicas para la actividad portuaria. 

Desmantelamiento

Para hacerse una idea general de la temática, los técnicos de la AGN visitaron varios puertos en todo el país. De esas incursiones, que no fueron sorpresivas sino que se anunciaron con anticipación, el informe expresa que “el estado general de las instalaciones muestra la evolución sufrida por la institución a lo largo de las últimas décadas. La transferencia de los puertos a las provincias y/o empresas privadas, las tareas de dragado y mantenimiento de la vía navegable así como del vaso portuario generó un desmantelamiento (de las terminales)”. Y continúa: “Se pudo observar la falta de cumplimiento por parte del Estado nacional de normativa que es exigida a todo aquel que quiera habilitar un puerto. (Hay) embarcaciones abandonadas, sea amarradas o bien en playones de chatarras, esta situación es común a todas las visitas realizadas”.

En una de las visitas, los auditores llegaron a la provincia de Misiones, donde ninguno de los puertos existentes se encuentran habilitados y aparece, sobre todo en la capital, Posadas, un factor insoslayable: la represa binacional Yacyretá. 

Los enviados por la AGN se entrevistaron con el director de Puertos provincial. De ese intercambio, el informe reproduce algunos conceptos del funcionario. 

Con respecto al paso fronterizo, el titular de la cartera afirma que “Yacyretá hizo el edificio sin consulta y cuando nos reunimos con la Comisión de Frontera vimos que no había lugar para nosotros, así que rechazamos la aceptación del edificio porque no reunía las condiciones. Hasta que no se hagan las reformas no se va a habilitar”.

El funcionario le contó a los auditores que “hoy no hay puerto en Posadas y en Santa Ana tampoco. El de la capital provincial, que va a ser de cargas, puede tardar cuatro años o más en terminarse”, y volvió a mencionar a la represa: “La cota que midió Yacyretá no es la realidad y tampoco está limpia la costa, es Yacyretá quien tiene que limpiar. En el puerto viejo (que es de pasajeros), Yacyretá tenía que demoler el edificio y no lo hizo y debía hacer el balizamiento y no lo hizo, es decir que quedó toda la vieja infraestructura bajo agua sin indicación alguna. Si viene un yate medio grande se inserta contra el muelle”, alertó.

Para las otras terminales de la tierra colorada ubicadas sobre el Río Uruguay, el panorama no es más alentador: “Los puertos de Guanamí y Panambí se van a inundar con la nueva represa proyectada por Brasil. En Puerto Iguazú aparece un problema serio, cuando hay mucha agua en Brasil abren las compuertas de las represas y ahí se inundan puertos agua abajo en Misiones”, narró el informe. 

También en Panambí, los enviados de la Auditoría no encontraron ningún responsable del puerto; además “la balsa es brasilera y se usa para el intercambio de vecinos porque no hay control migratorio en el Brasil”.  

En el puerto de El Soberbio, que no está habilitado aunque sí tiene autorización para prestar el servicio de balsas, los auditores advirtieron “basura dispersa en el suelo y tachos en mal estado”.

Por otro lado, los técnicos realizaron dos visitas a los puertos del distrito Buenos Aires, una en noviembre de 2011 y la otra en mayo de 2012, en las que observaron “galpones en estado de abandono, con techos deteriorados y rotos; un playón a cielo abierto donde se almacenan 205 litros de aceite. Los tambores donde se almacenan se encontraban (al momento del informe) en estado de abandono, rotos, oxidados y con pérdidas. Además, en esta área se encuentran rejillas de desagües pluviales que desembocan directamente en el rio”. Pero eso no fue todo, el informe enumera que también se encontraron “barcos que están para su desguace, automotores en desuso y en estado de abandono, partes de motores navales, boyas retiradas, que no sólo genera un impacto visual negativo, sino que son fuente de contaminación de aguas y suelos; también se detectaron dos tanques de combustible enterrados que fueron inertizados, pero sin embargo no hay estudios de suelo que verifiquen que no hay pérdidas o derrames; y galpones otorgados en comodato gratuito a empresas privadas”.

Asimismo, en la provincia de Entre Ríos, no se realizan estudios de impacto ambiental para las tareas de dragado, “sólo se los levanta y deposita en otra zona dentro del mismo río”, dice la Auditoría, y agrega: “Los muelles se encuentran en un mal estado general, con falta de mantenimiento. (De hecho), hay uno roto desde antes del año 1997, con el respectivo pedido de reparación desde entonces. En cuanto a los muros, hay uno de contención que está partido, y con respecto a la chatarra y barcos para desguace, (aparecen) muchas embarcaciones que incluso se vendieron y que nunca fueron retirados.  Hay una petrolera hundida que está en riesgo de perder aceite en presencia de otra crecida de agua, que suele filtrarse porque las defensas no están en condiciones”.