Las cuentas públicas terminaron con un superávit primario en febrero. Sin embargo, a diferencia de enero, en el segundo mes del año no hubo superávit financiero, al agregar en la cuenta el pago de intereses de deuda, según un nuevo informe del gasto público de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional (OPC).

De acuerdo al organismo, en el segundo mes del año -a diferencia de enero- hubo un superávit fiscal primario de $929.000 millones, pero un déficit financiero de $186.000 millones. Cabe destacar que el superávit primario no tiene en cuenta el pago de intereses. 

“En febrero el resultado financiero fue deficitario (-$186.635 millones), aunque en el acumulado del primer bimestre del año se conservó el superávit ($1.020.296 millones), con niveles que lo sitúan en valores superiores al promedio de una serie de 15 años”, detalló la informe.

Febrero en cifras: superávit primario y déficit financiero

Ingresos y gastos

Según explicó la oficina técnica del Congreso, los ingresos totales crecieron 0,4% en la comparación interanual, impulsados por las subas en el Impuesto PAIS (405,9% anual), en los Derechos de Exportación (70,9% anual) y en el IVA (15,4% anual). Estos incrementos fueron parcialmente compensados con la disminución de los recursos provenientes de la Seguridad Social (-25,1% anual) y del Impuesto a las Ganancias (-36,5% anual). 

“Los gastos totales de la Administración Nacional registraron una caída real del 23,8% anual en el primer bimestre del año y el recorte en los primarios, que no considera la suba en intereses de la deuda, se elevó al 33,6% anual”, complementó la OPC.

Los rubros que más contribuyeron a la reducción de los gastos, en el mes analizado, fueron jubilaciones y pensiones (-33,0% anual en términos reales, descontando el efecto de la inflación); subsidios energéticos (-59,5% anual); los gastos de capital (-82,4% anual) y los programas sociales (-29,9% anual).

Gastos de Capital

Los gastos de capital - inversión real directa en construcciones y transferencias destinadas a financiar al sector privado - reflejan un recorte casi total a empresas públicas (-96,7% anual) y a provincias y municipios (-92,5% anual) para la realización de obras.

En la misma línea, la OPC informó que la inversión directa para proyectos viales cayó un 80% anual y el equipamiento en el sector educativo casi en su totalidad (-98,9% anual).

Jubilaciones y pensiones

Según el organismo técnico del Congreso, la baja del gasto en jubilaciones y pensiones es consecuencia del “desacople entre la propia dinámica inflacionaria y la fórmula de movilidad jubilatoria”, que toma como referencia períodos anteriores asociados a recaudación de ANSES y salarios.

A esto se suma la frecuencia de actualización que, en la actualidad, es trimestral. Parcialmente compensada por la aplicación de bonos a los jubilados y pensionados de menores ingresos.

En efecto, los haberes actualizados únicamente por la fórmula de movilidad (no alcanzados por los bonos) mostraron una “reducción real del 43% anual durante el primer bimestre de 2024” mientras que la pérdida de los haberes mínimos con bono incluido fue del 27,8% anual. 

Deuda

Como contrapartida, el incremento del 34,2% en el renglón de gasto destinado a los intereses de la deuda pública preparó el terreno para que, a diferencia de enero, en febrero no hubiese también superávit financiero. 

Presupuesto

Los gastos totales devengados representaron el 24% del presupuesto, que es una prórroga del vigente durante el 2023. En concreto, 13,5 puntos porcentuales por encima del nivel registrado un año atrás (12,3%). 

Del análisis sobresale el nivel alcanzado por el rubro que corresponde al pago de los intereses de la deuda, con un 55,6%. 

Le sigue en orden de importancia la Asignación Universal para Protección Social (AUH), casi la mitad del dinero disponible ya fue devengado (44%) en los primeros dos meses del año; y por el programa de Políticas Alimentaria (tarjeta alimentar) con 36,2%. 

Oficina de Presupuesto del Congreso

La oficina gubernamental brinda soporte al Poder Legislativo para profundizar la comprensión de temas que involucren recursos públicos, democratizando el conocimiento y la toma de decisiones. Es una oficina técnica de análisis fiscal que produce informes abiertos a la ciudadanía.