A contramano de la opinión del Tribunal de Cuentas, el Poder Ejecutivo avanzó con la licitación para dotar de nuevas calderas a la Escuela Normal de Santa Rosa y la adjudicó al oferente que había sido objetado. El adjudicatario deberá proveer cuatro calderas nuevas y hacer todas las obras para colocarlas y dejarlas en funcionamiento.

Santa Rosa.- La decisión de avanzar en el tema fue tomada a través del decreto 1605/10, publicado en el Boletín Oficial 2904, del viernes 6 de agosto. Por este decreto, se aprobó la licitación privada 89/10 del Departamento Compras y Suministros y se adjudicó la licitación al señor Alejandro Agustín Legría. 

En ese mismo decreto, se aprobó la orden de provisión de bienes y servicios y se autorizó al director general de Administración -órgano del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia- a firmar el contrato con el adjudicatario a fin de concretar la operación. Por último, el PEP dispuso poner en conocimiento de este conjunto de decisiones al Tribunal de Cuentas de la provincia.

Provisión

El decreto 1605/10 tiene fecha del 28 de julio, unos pocos días después que el Tribunal de Cuentas resolviera anular la licitación del Ministerio de Educación por entender que no se había hecho como correspondía sino por un procedimiento equivocado. Mientras que el Poder Ejecutivo licitó por el artículo 3 de la Ley de Contabilidad, para el Tribunal debió hacerse por la Ley 38 de Obras Públicas. 

La resolución de anular la licitación tensó un poco más el clima enrarecido que desde hace tiempo viven el Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas y que cada tanto provoca un cortocircuito. Esta vez, el gobernador apostó fuerte a su ministro de Educación, Néstor Torres -que había sido criticado por los responsables del TdC-, y mantuvo el rumbo. Ratificó la actuado y ratificó la adjudicación a favor de Legría.

El oferente deberá concretar la "provisión de calderas, colectores, válvulas y chimeneas, retiro de caldera existente y puesta en funcionamiento de las nuevas calderas en el Colegio Normal Superior de esta ciudad". El monto a cobrar por el trabajo terminado será de 66.935 pesos. 

Reproches

Al momento de anular -o intentarlo- la licitación privada, el Tribunal de Cuentas cuestionó no sólo el encuadre legal del tema sino también el apuro exteriorizado por el Ministerio de Educación en un problema que lleva años y que a juicio del órgano de control "datan de más de un año, sin que se adoptaran las medidas necesarias e imprescindibles para su solución". Por ello, la premura mostrada ahora por el MCE para resolver este viejo problema no es un argumento válido, según el Tribunal.

En defensa de su actuación -en el cruce de conceptos que tuvieron en el expediente, el ministro Torres reclamó celeridad-, el TdC sostuvo que le dio la prioridad del caso y concretó todos los pasos en el menor tiempo posible.