Frente a los aumentos tarifarios autorizados para las distribuidoras de energía, caso concreto de Buenos Aires, donde se autorizó a las prestatarias a un incremento en las tarifas que partirá de un 10% para el caso de las residenciales y llegará escalonadamente hasta un 30% para empresas y grandes consumidores, que se prevé será imitado en otras jurisdicciones provinciales, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia estiman que "si Edefor pretende igual tratamiento, lejos de manifestarse como imposibilitada de poder seguir en las actuales condiciones, debería más bien mostrar la posibilidad de mejoras reales en el servicio que actualmente presta".

"Las altas y bajas de tensión, cortes y microcortes continúan siendo moneda corriente para los usuarios", denunció la Defensoría, que hizo notar que a la distribuidora local "debe interesarle, antes que el alza de las tarifas, la mejora en la calidad del servicio que ofrece. Existen aspectos de la empresa que son sumamente deficitarios", sostuvo el defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca.

Dijo que "la falta de inversiones es uno de ellos, dado que no vemos que Edefor acompañe el esfuerzo estatal en la realización de obras de infraestructura, a pesar de que el denominado cargo fijo que abonamos en nuestras facturas debería destinarlo a tal fin; la mejora en la calidad y seguridad de los sistemas es otra materia pendiente que tiene la prestataria dado que sus equipos han quedado obsoletos a los tiempos que corren y modernizarlos implicaría dar a los usuarios una mejor prestación del servicio".

Advirtió Gialluca que "las pérdidas no técnicas que registra Edefor son de las más altas del país, pese a lo cual no se ve ningún tipo de esfuerzo para realizar la adecuación de redes necesarias que permitan achicar los porcentajes de energía vanamente disipada y encuadrar determinadas situaciones respecto de los que se hallan realmente en condiciones socioeconómicas de afrontar el pago de la facturación pertinente y no lo hacen en fraude del resto de la comunidad, situación que la prestataria está permitiendo, en desmedro de la universalidad de los usuarios".

Remarcó que "otro déficit grosero se registra en la calidad del servicio en el interior, donde hay localidades donde las redes jamás, durante el tiempo de la concesión, han recibido mantenimiento; existe un solo personal de la empresa que entrega las facturas y arregla desperfectos menores; no estando autorizado siquiera para recibir reclamos por irregularidades o mejoras del servicio".

Recordó que los ítems señalados y otros, desde hace años, vienen siendo exigidos por la Defensoría del Pueblo a la distribuidora local de energía, mediando incluso un fallo de la justicia, a instancias del organismo, que obliga a la normalización del servicio en todo el territorio provincial, no recibiendo, hasta el momento, respuesta positiva de la prestataria sobre este particular.

Por lo expuesto, el titular del organismo, José Gialluca, a la consulta de cual es la respuesta a la pretensión de incremento en las tarifas que tiene actualmente Edefor SA fue categórico al decir: "Si la empresa pretende el mismo tratamiento de sus pares del país deberá, primeramente, presentar un proyecto serio con plazos determinados, que la Distribuidora se comprometa formalmente a cumplir, de manera tal que los usuarios tengamos una garantía real de mejoras en el servicio a corto plazo y esperar que el organismo provincial de control y aplicación, en el marco de la normativa vigente resuelva, en definitiva, sobre el fondo del asunto".