Los tres contadores públicos fueron convocados para ampliar sus respectivas declaraciones testimoniales, que habían volcado en las pericias contables que entregaron en su momento a la Justicia.

Se trataba de la documentación que se había secuestrado de la Dirección General de Rentas por la supuesta defraudación calificada en perjuicio del Estado provincial. Imputados Son una decena de personas, la mayoría empleados del organismo de recaudación provincial, imputados en la causa. Cuatro de ellos están actualmente privados de su libertad.