San Juan.- El jefe comunal quedó al borde del pedido de juicio político por haberle comprobado, el Tribunal de Cuentas, serias irregularidades en contrataciones, principalmente. Desde el oficialismo departamental dicen que no prosperaría un pedido de juicio ya que el número en el Concejo es suficiente como para proteger al jefe comunal.

El Concejo Deliberante es quien debe dictar las normas para el juicio político, previsto en el Título VI, entre cuyos funcionarios comprende al intendente por delitos cometidos en el desempeño de sus funciones o por falta de cumplimiento de los deberes a su cargo", dice textualmente el dictamen fiscal del Tribunal de Cuentas que desde el 3 de setiembre pasado está en manos de los concejales de aquel departamento.

Las causas son "que el señor intendente no cumple estrictamente con lo establecido por la Carta Orgánica Municipal" y además "a pesar de las innumerables recomendaciones efectuadas por el Tribunal, desde hace cinco años, no ha tomado consciencia de la grave situación, la que queda demostrada con la no presentación hasta la fecha, de las Cuentas Generales de los años 2007; 2008 y 2009".

El lapidario dictamen remitido a la Municipalidad con la firma del presidente del Tribunal, Isaac Abecasis, el organismo recuerda que "sabido es que el municipio de Caucete es un organismo que no cuenta, desde hace bastante tiempo, con una buena organización administrativa y contable, que le permita tener ordenados todos los expedientes de contrataciones, cumplidas todas las formalidades y requisitos que exigen las normas legales".

Pero lo que es peor, el dictamen establece e su página 21 que "es evidente que del análisis de los Partes Diarios de Caja y particularmente de los expedientes de contrataciones de Bienes y Servicios, surge con claridad que las mismas tienen varias irregularidades, porque no se dictan reglas claras para hacer los procedimientos administrativos transparentes" y que "los que están dictados no se cumplen por parte del Ejecutivo Municipal".

El dictamen fiscal que el Tribunal de Cuentas comunicó a los concejales, es el resultado de una investigación pedida por el concejal radical Hugo Bueno que data de un año atrás.

"Yo hice una presentación en el Tribunal de Cuentas con una constatación con escribano publico Pablo Yossa en la municipalidad de Caucete, sobre algunos expedientes y desde ese entonces nunca mas hemos podido tener acceso a ningún expediente del municipio, porque se detectaron algunas irregularidades y ahora el Tribunal ha constatado la irregularidad", dijo el edil opositor.

Se trata de "la contratación de máquinas cargadoras para el desmonte y limpieza, con irregularidades graves con documentos que no están firmados, y donde aparecen pagadas 200 horas de máquina realizadas en tan solo tres días, a empresas de familiares que son las que han hecho el presupuesto y porque todos los trabajos han sido otorgados a una sola familia".

En la denuncia del concejal, están involucradas las empresas ELFE, a cargo de María del Carmen Márquez Mas que cobró 56.641,76 pesos con un presupuesto sin firma por chalecos fluorescentes sin que conste el ingreso de las mercaderías en Mesa de Entradas.

Además aparece vinculada la firma CICON, que cobró por 200 horas de trabajo de máquinas cargadora, desmonte y limpieza, que el concejal Bueno dice que se hicieron en tres días.

También en el dictamen fiscal aparece la firma Pablo León que percibió 16.000 pesos por el alquiler de una máquina retroexcavadora con presupuestos sin firmar, así como otro pago considerado "irregular" a la firma Unimac.

Un párrafo aparte en el informe oficial, merece el Expediente 4543/09 correspondiente al Proyecto de Erradicación de Vivienda Precaria, que según el fiscal "se encontraba bajo llave en poder del Intendente con varias irregularidades formales, como que tiene una modificación de fecha de la imputación preventiva, cuya modificación no se encuentra firmada y dos de las ofertas sin foliar y con la falta de firmas".

"Estas irregularidades comprobadas son muy graves", dijo el concejal Bueno quien recordó que "el Tribunal recomienda hacerle un juicio político al intendente", pero el propio edil opositor consideró a esa posibilidad "muy remota".

Bueno explicó que "por mas que ha quedado demostrado que el intendente no cumple con las cuentas en el Tribunal, que tiene expedientes con irregularidades y que no cumple con el Concejo, hay que tener en cuenta que hay mayoría oficialista en el Concejo, y por eso es muy difícil poder llevar un juicio político a un año de terminar el mandato donde los votos no están".

"La verdad que esto es lo que hace no creíble la política y a los funcionarios cuando un organismo del estado no realiza acciones concretas", dijo Bueno quien apuntó que "al Juicio Político hay que reglamentarlo, porque si bien hay una sala acusador y juzgadora, nunca se hizo lo que se debía hacer en su organización".

Además dijo que "creemos que esto no va a prosperar y es hacer un poco de demagogia", aunque aclaró que "yo ya tengo presentadas denuncias penales en la justicia a resolver por retenciones de ingresos brutos contra el intendente, hay un procesado que es el tesorero y también una denuncia penal contra el presidente del Concejo por adulterar una ordenanza del Presupuesto del 2009" y que "ahora posiblemente ampliemos las denuncias con este dictamen".