Se conoció en estos días que la Argentina aceptó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) vuelva a auditar la economía del país. Es decir, las cuentas públicas nacionales, con lo que se repondrá la relación interrumpida desde que, años atrás, el ex presidente Kirchner decidiera saldar la deuda existente con el organismo y, como se dijo entonces, terminar con la curiosidad de los funcionarios que nos visitaban periódicamente. Ahora retornarán con la anuencia del gobierno de su esposa.

Más allá de la novedad y de las interpretaciones a que dé lugar la medida adoptada, viene al caso recordar que, puertas adentro, existen mecanismos, institucionalmente habilitados, cuyo cometido específico es el control y verificación de las acciones de los gobiernos en la administración del erario público. En lo concreto, auditores internos que, en la práctica ideal, tienen asignado rol fundamental en la estructura institucional de la República como controles intrapoderes.

Es el caso de la Auditoría General de la Nación (AGN), que asiste técnicamente al Congreso y verifica el cumplimiento contable, legal y de gestión por parte del Poder Ejecutivo. El desafío de máxima del organismo es lograr una mayor racionalidad del accionar del sector público.

Propósitos similares persigue la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Depende del Poder Ejecutivo y su finalidad es el dictado, aplicación y supervisión de las normas de control interno del sector público. Asimismo, y como parte de la Procuración General de la Nación, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas es el órgano de investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidos por agentes de la administración pública nacional.

Están, pues, los organismos cuya misión es, básicamente, la misma: el resguardo de la hacienda pública de desvíos administrativos y acciones que vayan en detrimento de los fines e intereses de la Nación. Que funcionen conforme su misión, que las acciones que emprendan contra lo irregular culminen acabadamente, es otra cosa. Que no suceda esto, será porque pesen más otros factores en su contra.

Y POR CASA ¿COMO ANDAMOS?

En nuestra ciudad, la autoridad municipal acudió al concurso de auditores externos para enfrentar la situación creada por una denuncia penal que tiene como epicentro al Refugio Municipal de Animales (REMA).

La intervención de los convocados ha sido al solo efecto de la verificación de las condiciones de funcionamiento del Refugio, habida cuenta que la denuncia de una entidad proteccionista, de la que derivó el procesamiento de funcionarios a cargo del establecimiento, se refiere concretamente a actos de maltrato y crueldad -en casos, extrema- de que serían víctimas los animales alojados.

Queda en claro que el objeto de la causa no es otro que el incumplimiento de los fines que justifican la existencia del REMA, y la ignorancia consiguiente de la vigente legislación nacional de protección al animal. El poder administrador de la ciudad, responsable de hecho y de derecho, debió asumir los hechos disponiendo, como es de rigor, una investigación interna (auditoría, si se quiere), porque además de lo específico del caso cuenta el costado insoslayable de la carga presupuestaria que demanda el sostén del Refugio.

Optó por lo conocido: refutar lo sustantivo de la denuncia con el concurso de la Facultad de Agronomía de Esperanza (FAVE) y del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, de Buenos Aires. Las auditorías realizadas (mensuales en el caso de la FAVE) son coincidentes: aprobatorias en general, con elogios incluidos. Lo que no ha trascendido es si los servicios tienen algún costo en efectivo.

EXTENSION DEL RECURSO

A propósito, por qué no pensar, en defensa de la transparencia de los actos de gobierno, resolver sobre la cuestión que implicaría una auditoría externa al solo efecto del control del destino de los recursos del erario municipal. La verificación contable y el conocimiento público de sus resultados libraría a los administradores de las sospechas que suelen plantearse sobre el uso de los dineros de los contribuyentes. Ciertamente, y dato no menor a tener en cuenta, ciudadanos con pleno derecho a saber sobre todo lo concerniente a la vida e intereses de la comunidad que integran. Y a la que aportan para hacerla viable y próspera.