Publicado: 19-06-2012 

Buenos Aires.- El radicalismo insistió durante todo el debate en el Congreso de la ley de expropiación de YPF con la necesidad de introducir en ese proyecto el control de la Auditoría General sobre la empresa, desde ese momento con 51% de capital estatal. De hecho, fue casi una condición para bajar al recinto y garantizar no ya el quórum, que el kirchnerismo tenía de sobra, sino una amplia mayoría a favor de la vuelta de la petrolera al control estatal. Pero el kirchnerismo nunca aceptó modificar los controles sobre YPF y de hecho ése fue el centro de las críticas de la oposición cuando el Congreso debatió la ratificación de los dos decretos de necesidad y urgencia con los que Cristina de Kirchner dispuso la intervención de YPF e YPF-Gas.

Sobre la base de ese debate, que continúa cada vez que en una sesión aparece el caso YPF, el radicalismo presentó un proyecto de ley que levanta todas las disidencias que la oposición lanzó en el recinto cuando se aprobó la expropiación del 51% de las acciones de Repsol.

Ayer, el jujeño Gerardo Morales avanzó con el tema pidiendo que se sancione una ley correctiva que instrumente controles y audite las áreas concesionadas. En realidad, la cuestión volvió a despertarse con el pase de parte de las acciones de YPF que estaban en poder la familia Eskenazi a manos de Carlos Slim, quien como propietario de la banca Inbursa (accionista de uno de los bancos que integró el sindicato que en su momento otorgó el préstamo al Grupo Petersen que ingresó en la petrolera dejando las acciones en garantía) ejecutó el crédito que tenía sobre esas participaciones.

Frente a los cambios societarios y el «impulso accionario que estaría recibiendo la empresa», el radicalismo presentó el proyecto argumentando: «YPF debe ser nacional. Sin embargo, ratificamos las disidencias que reafirman la defensa histórica que nuestro partido ha hecho desde la creación de la empresa y han pretendido mayor transparencia en la expropiación de las acciones; participación de los trabajadores en el 10% de las utilidades; la realización de una auditoría integral de las áreas concesionadas, para conocer el verdadero mapa de hidrocarburos del país; la puesta en marcha de una comisión investigadora de las actuaciones del Estado en YPF SA, que determine responsabilidades tanto de los funcionarios como de los grupos empresarios en el vaciamiento de la compañía; remarcar la necesidad de la preservación del medio ambiente, minimizando y mitigando el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero y su afectación al cambio climático en las actividades hidrocarburíferas; o la participación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones en el proceso de intervención y expropiación.