Publicado: 28-01-09

El presidente del Tribunal de Cuentas negó de plano que desde el órgano de control se hayan planteados objeciones legales respecto del pago de la ayuda de 700 pesos a los beneficiarios del Programa de Entrenamiento Laboral que, por disposición del Gobierno, dejaron de prestar servicios en el Estado a partir de este año.

Claudio Ricciuti indicó que desde el órgano de control, "mediante un informe legal, se le planteó al Gobierno es que existía una incongruencia entre el decreto que estableció la no contraprestación de servicio para los beneficiarios de los PEL y el anexo de ese decreto".

Precisó que esta incongruencia surgía de que "mientras en el artículo 8 del decreto se menciona que no deben contraprestar servicio para percibir la ayuda económica, en el anexo se sigue hablando de la contraprestación de servicios".

"Entendimos que esta divergencia respondía a un error de redacción, por lo que les dijimos que los corrigieran, pero nunca se objetó el pago de la ayuda económica, ya que "se entendió que la intención del Gobierno es darle al PEL el carácter de subsidio", indicó el funcionario.

Estas explicaciones fueron brindadas ayer a un grupo de beneficiarios de los PEL, que en compañía del legislador Furlan, fueron recibidos por los vocales del Tribunales de Cuentas para despejar las dudas e incertidumbres que había generado entre los beneficiarios la versión de que desde el órgano de control se había cuestionado la legalidad del pago de esa ayuda económica que alcanza a unas 800 personas.