El Gobierno de los Kirchner decidió que no se hable ni se investiguen los millonarios subsidios al agro pagados por la ONCCA. Ese cerrojo alcanzó también a la Auditoría General de la Nación (AGN), que solicitó documentos oficiales durante meses pero no obtuvo respuesta.

A fin de 2009, la AGN puso en marcha una auditoría sobre los pagos de la ONCCA a diversos sectores, que ya suman más de $ 8.000 millones. Desde el vamos, esa investigación se topó con trabas.

Pese a sus promesas de transparencia, la gestión del santacruceño Juan Manuel Campillo no aportó todos los expedientes requeridos por los auditores oficiales.

Días atrás, el Colegio de Auditores Generales decidió elevar el caso a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. Cuando se cumpla ese trámite, según dicen las normas, la ONCCA tendrá "diez días corridos" para aportar la información que hasta ahora negó. Si no lo hace, la AGN podría denunciarla a la Justicia.

Insólito: el Estado pide información que el mismo Estado oculta.

Según la resolución a la que tuvo acceso Clarín, "las tareas de auditoría se vieron dificultadas por la persistencia en brindar respuesta tardía y parcial". Un ejemplo grosero: en marzo pasado la AGN reclamó 20 expedientes de la ONCCA, pero sólo 2 de ellos llegaron completos.

La Auditoría, que depende del Congreso y está al mando del radical Leandro Despouy, estiró los plazos hasta ahora y aguardó pacientemente. Pero nada. Ahora irían a la Justicia.