Publicado: 28-03-2011

Catamarca.- La situación del intendente de Antofagasta de la Sierra, Carlos Fabián, podría verse complicada cuando la Justicia Federal lo cite a declarar en la causa en la que se investiga el uso dado por el municipio, que él comanda, a más de 800 mil pesos que debían destinarse a la edificación de un centro de integración comunitaria (CIC) en El Peñón y del que no hay más que algunas excavaciones para cimientos, pese a que gran parte del dinero –de asignación específica- hace tiempo desapareció de la cuenta bancaria abierta con ese fin.

El 15 de febrero ya se expidió el fiscal federal Santos Reynoso, quien tras requerir una serie de documentaciones e inspecciones –entre ellas el pedido a Gendarmería Nacional que constate la existencia del centro comunitario en El Peñón- consideró en su requerimiento fiscal que el juez debería citar al jefe comunal y a su directora de Hacienda, Cinthia Romero –la otra persona responsable de la cuenta bancaria- a prestar declaración.

Aunque la citación aún no se concretó, el fiscal entiende –con los elementos que ya están en la causa- que la conducta de Fabián y Romero podría encuadrarse en los delitos de fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La investigación fue iniciada a partir de una denuncia presentada por el senador departamental, Luis Rodríguez en la que plantea que, pese a la firma de un convenio entre Nación, Provincia y el Municipio y al desembolso efectivo de 828 mil pesos para la construcción de un centro de integración comunitaria –que permitiría entre otras cosas contar con consultorios de atención sanitaria a los pobladores de El Peñón- la obra no se hizo.

El fiscal Reynoso investigó el hecho, solicitó informes sobre los movimientos de la cuenta donde estaban depositados los fondos y envió una comitiva de gendarmes a El Peñón, que constató que la obra apenas tenía cercado, bases y cimientos y una piedra fundacional del frustrado CIC.

En la mira


Ya el Tribunal de Cuentas había tomado cartas en el asunto y había ordenado una auditoría y un sumario administrativo que concluyó, de forma lapidaria para Fabián: con la obligación del intendente de devolver los más de 800 mil pesos del centro comunitario que no hizo. También Desarrollo Social de la Nación, organismo a través del cual bajaron los recursos para la construcción del CIC, intimó a Fabián, en noviembre del año pasado, a informar la suerte de los 828 mil pesos girados para el CIC.

Ya el TC había tomado cartas en el asunto y ordenado a Fabián restituir el dinero.