¿Una ley garantiza por sí sola el ejercicio de un derecho? Aunque la respuesta pueda parecer simple, la realidad es mucho más compleja. El reconocimiento de un derecho en el papel no asegura su implementación ni su cumplimiento efectivo en la vida cotidiana.

“Una ley por sí sola no implica que el derecho que incorpora al sistema estará funcionando mágicamente”, advirtió Gustavo Arballo, especialista en Derecho Público, en diálogo con El Auditor.info. El abogado señaló que, para que un derecho se materialice en la realidad, es necesario que intervengan otros factores como la “reglamentación adecuada”, los “recursos necesarios” y la “supervisión constante”. 

En este sentido, acceder a un derecho no solo depende de la existencia de una norma, sino de un sistema que permita su cumplimiento real y garantice su acceso a todas las personas. Sin embargo, Arballo agregó que “un ciudadano puede invocar la aplicación directa de normas constitucionales, y no necesita esperar que el legislador lo haya reglamentado”.

Al analizar la relación entre la ley y la Carta Magna, el abogado destacó que la Constitución “fija un mapa de objetivos” y proporciona “coordenadas de valores” que guían la creación de leyes. Este marco no solo sustenta y justifica la labor del legislador, sino que también lo limita, impidiendo que promulgue normas que vayan en contra de los principios fundamentales del orden constitucional.

“Una ley por sí sola no implica que el derecho que incorpora al sistema estará funcionando mágicamente”, advirtió Gustavo Arballo.

Incumplimiento de la ley

Cuando hay un incumplimiento constante de la ley, se piensa en sancionar a las personas que no la cumplen, una respuesta punitiva. Sin embargo, para Arballo, la solución debería ser más amplia y profunda. "El elenco de remedios es mucho más amplio, necesario e interesante", explicó.

En lugar de centrarse solo en castigar, también es necesario analizar por qué ocurre ese incumplimiento de forma sistemática. A veces, esto puede significar que la ley en sí misma no está funcionando correctamente o necesita ajustes. "Esto puede implicar controlar patrones de incumplimiento para que no se repitan en el futuro, lo que implica que además de una sanción debería pensarse en mecanismos transformadores", agregó Arballo. Así, el enfoque no solo debería ser judicial, sino también transformador y preventivo.

Rol de los tres poderes

Esta necesidad de un enfoque más integral también se refleja en el rol de los tres poderes del Estado, que actúan de manera complementaria para garantizar los derechos y el cumplimiento de la ley. Según el especialista, cada poder tiene una función específica dentro de este proceso.

“El Legislativo se encarga de establecer las reglas para el futuro, el Ejecutivo asegura que se cumplan en el presente y el Judicial se ocupa de revisar en el pasado quiénes no cumplieron o activar sanciones por incumplimientos". 

Según Gustavo Arballo, "el derecho constitucional brinda garantías como el habeas corpus y el amparo para exigir la efectividad de un derecho vulnerado". Pero esa respuesta -advirtió- es “limitativa”. 

“El marco institucional debería permitir que exista un sistema de supervisión y alerta temprana de los derechos que no dependa de que cada individuo recurra a la justicia con su caso particular", completó el abogado.