El uso del barbijo transparente, garantizar el acceso a la salud con la asistencia correcta y la inclusión en el mundo digital para hacer trámites, trabajar o estudiar, son algunas de las problemáticas que las personas con discapacidad piden resolver a cuatro meses de cuarentena. Desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad  (REDI) elaboraron un informe donde detallaron cómo impacta en su vida diaria el aislamiento obligatorio y qué medidas se deberían tomar. 

“Una vez más vimos cómo la población con discapacidad no está incluida dentro del diseño de políticas públicas. Percibimos una falta de consideración, por parte del Estado, en la asistencia que necesitan muchas personas para realizar tareas esenciales”, expresó Marcelo Betti, integrante de REDI, en diálogo con este medio. “En el caso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hay un programa, Mayores Cuidados, que está destinado a adultos mayores y no nos incluía. Ahora mediante una resolución se nos contempló pero pasaron tres meses hasta entonces”, aseveró Betti.

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En el contexto actual, “desde hacer una simple compra a la atención médica se complica muchísimo, el acceso a socializar o participar de una reunión también se vuelve dificultoso”, comentó Verónica Villanueva, trabajadora de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), quien además tiene hipoacusia. En el caso de ser Covid positivo o sospechoso, todo se agrava, “el personal de salud no está capacitado para asistir de manera correcta a una persona con discapacidad en estas circunstancias”, remató Betti.

Del informe surge la necesidad de la implementación de los barbijos transparentes para facilitar la lectura de los labios por parte de las personas con hipoacusia, las dificultades para acceder a dispositivos tecnológicos, plataformas bancarias y de pagos de servicios, o a aplicaciones como Trámites a Distancia y Cuidar. “No son accesibles. Para las personas con discapacidad visual, no es tan fácil pedir ayuda presencial a personas por el contexto de pandemia, por lo que la accesibilidad de estas aplicaciones resulta fundamental”, expone el escrito.

Asimismo, resulta importante, “que la información sobre las medidas estatales y normativas vigentes relacionadas con el Covid-19 –en particular, aquellas vinculadas a las personas con discapacidad– sea difundida en forma masiva y en formatos accesibles (lenguaje de señas argentina, subtitulado, macrotipos, voz en off y audiodescripción, formatos de fácil lectura”, siguiendo al texto.

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En cuanto al acceso a la salud, se reclamó que las obras sociales faciliten la cobertura para sesiones psicológicas a distancia y la incorporación de intérprete de Lengua de Señas en los hospitales. Entre otras cosas, llamaron a garantizar el suministro de medicamentos y asegurar el acceso continuo de las personas con discapacidad a tratamientos y prácticas médicas no vinculadas al coronavirus.

Por otro lado, “detectamos en algunos hospitales la falta de capacitación en discapacidad por parte del personal de salud. Si bien el Ministerio de Salud lanzó el documento “COVID-19 Recomendaciones de asistencia y apoyo emocional para personas con discapacidad”, notamos que es difícil que esas recomendaciones sean respetadas e implementadas”, alertó Betti.

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Educación y empleo

Al compartir experiencias, desde REDI, constataron la falta de accesibilidad de los materiales educativos para padres y madres con discapacidad, de manera que puedan acompañar a sus hijos en las tareas. Las actividades tampoco son accesibles para estudiantes con discapacidad. Lo mismo sucede con el trabajo a distancia que resulta imposible al no ser inclusivas las plataformas.

“Todo se agravó aun más con la cuarentena, es prohibitivo el acceso a Zoom, Team y demás para cualquier hipoacúsico ya que no cuentan con subtítulos. Quedás excluida salvo que tengas alguna compañera que te transcriba en vivo”, comentó Villanueva, quien agregó: “por esto es imprescindible que los lugares de trabajo cuenten con un sondeo de sus trabajadores, para saber si padecen alguna discapacidad. Suele pasar que también hay miedo al rechazo o a que se los deje sin empleo”.

En su caso en particular, Verónica contó que la Auditoría porteña preparan un relevamiento al respecto “para dar respuesta a las necesidades de los trabajadores. Lo estamos organizando desde la Comisión de Igualdad de Trato y Oportunidades de la AGCBA. Es necesario hacer visible este tema y mostrar una realidad que empeoró en materia de acceso con la cuarentena”.

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Desde el organismo de control publicaron un informe en 2017 donde alertaron sobre el incumplimiento de la Ley 1502. Según la legislación para 2010 se debería emplear en la ciudad un 5% de personas con discapacidad, pero la AGCBA constató que para 2014 solo alcanzaba al 2,7%. “Es fundamental que se respete el cupo en los organismos estatales”, remató Villanueva. Mientras desde la comunidad esperan que el Estado tome las medidas necesarias para ser incluidos, poder cuidarse y quedarse en casa.