La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó la doceava edición de su Informe Ambiental (IAF) que reúne opiniones de profesionales y especialistas de distintos ámbitos. El evento, transmitido online, contó con la participación de Ingrid Wehr de Fundación Heinrich Böl), Joseluis Samaniego por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Ángela Andrade en representación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y Daniel Ryan del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y fue moderado por el periodista Sergio Elguezábal.

El director Ejecutivo de FARN, Andrés Nápoli, comenzó la presentación advirtiendo que “no mejoraremos la salud de las personas en tanto habitemos un planeta enfermo”. Consideró que este virus "está sumamente ligado a la forma en que nos relacionamos con la naturaleza", al modo en que extraemos, producimos y consumimos bienes ambientales. "Necesitamos entonces animarnos a pensar nuevas formas de desarrollo”, argumentó.

Para Nápoli “muchos de los graves problemas generados por el coronavirus afectan más severamente a personas que habitan en lugares con niveles de contaminación elevados”, reflexionó. 

Según Daniel Ryan, del ITBA, las crisis pueden potenciar tendencias ya existentes. "Si bien hay demandas de mayor sustentabilidad y ambición climática, también hay rechazo a avanzar en estas agendas. La administración de Donald Trump es quizás el más claro ejemplo de esto y, a nivel regional, lo vemos sobre todo con Jair Bolsonaro“.

Por su parte Ángela Andrade, presidenta de la Comisión de Manejo Ecosistémico de la UICN, detalló que “estas crisis nos dan la oportunidad de un cambio de trayectoria integral, lo que requiere reconocer la complejidad del problema. Es la era para reforzar lo local. Debemos replantear las prioridades de inversión y apuntar a un desarrollo sostenible de forma sinérgica e integral”. 

Del mismo modo, Joseluis Samaniego, presidente de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, habló sobre la importancia de fortalecer los sistemas fiscales. “Nuestra región no es la más pobre del planeta, sí la más desigual. El nivel de evasión fiscal es nada menos que del 6,3% del PBI en Latinoamérica, fondos que permitirían ´financiar´ la salida de esta crisis en que nos pone la COVID-19”. 

El informe

La edición 2020 del informe remarca los desafíos que FARN considera centrales para la construcción de una agenda ambiental de largo plazo. Fue organizado en seis capítulos temáticos sobre los derechos contra las desigualdades, la trampa del criterio cortoplacista en la explotación de los bienes naturales, la discusión política hoy de la materia, el papel de Argentina a nivel global y la implementación de políticas reales.

El trabajo cuenta con un apartado sobre los movimientos sociales que llevan al ecologismo a las calles. Los expertos determinaron que “en 2019 el movimiento ecologista mundial tuvo un salto importante por la incorporación de miles de jóvenes en todo el mundo que se manifestaron en las calles de las principales ciudades pidiendo acción gubernamental en pos de la justicia social y climática”. “La Argentina fue uno de los países de Latinoamérica donde ese fenómeno de manifestaciones juveniles se expresó con mayor fuerza”, enfatizaron.

Además hicieron hincapié en la importancia de otro movimientos sociales como amalgama en la lucha: “el ambientalismo todavía no aprovechó muchas de las reflexiones teóricas del feminismo y menos aún los aportes de la sabiduría de los pueblos originarios y de las normas del Buen Vivir que el movimiento plurinacional de mujeres viene recuperando y poniendo en valor”. El informe concluye que “hacerlo ayudaría a acelerar la transformación del Estado hacia posturas decididamente ecologistas no biologicistas ni esencialistas”.

El libro también señala a las energías renovables como el camino hacia una lucha más profunda contra el cambio climático a pesar de la ilusión que creó el yacimiento Vaca Muerta. 

Entre los logros de 2019 se destaca, por ejemplo, que en noviembre se aprobó la Ley de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global la cual “institucionaliza el trabajo gubernamental, define estructuras de participación y plantea productos para operativizar la acción climática en Argentina”, explicaron.

Otra conquista se dio el 11 de julio cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dictó un fallo que supuso un antecedente en el reclamo hacia una protección efectiva de los humedales.