La Justicia de Salta le ordenó al Ejecutivo provincial que mejore las condiciones de acceso a la salud para niños y niñas indígenas, después de que el colectivo “Infancia en Deuda” denunciara la falta de aplicación y reglamentación de la Ley Provincial sobre Salud Intercultural creada en 2014. 

“La medida cautelar colaborará con la incorporación de las comunidades y pueblos indígenas en la planificación de la política pública sanitaria”.

El juez del Tribunal de Impugnación, Eduardo Barrionuevo, sentenció que el Ministerio de Salud Pública de la Provincia designe facilitadores y facilitadoras interculturales en los hospitales de los departamentos donde se declaró la emergencia socio-sanitaria y que se disponga el establecimiento de albergues de tránsito para las y los pacientes y las familias indígenas que deban ser trasladadas por motivos de salud.

Los facilitadores a los que hace mención son integrantes de las comunidades indígenas que forman parte del personal de salud, cuyo trabajo es acompañar y representar a los niños y niñas indígenas y sus familias. “La medida cautelar colaborará con la incorporación de las comunidades y pueblos indígenas en la planificación de la política pública sanitaria”, explicaron desde el colectivo Infancia en Deuda.

Por otra parte, los albergues institucionales de tránsito son establecimientos para que los pacientes y su familia tengan hospedaje, manutención y acompañamiento por el tiempo que dure la atención por el problema de salud que manifieste el paciente. Esto se pide a causa de las deficiencias estructurales de su lugar de residencia y por las complicaciones en el traslado hacia el hospital.

El reclamo de organizaciones

Las organizaciones demandaron que las poblaciones indígenas “son discriminadas sistemáticamente, y por ello enfrentan graves obstáculos en el acceso al derecho a la salud”. Sobre el fallo conseguido coincidieron en que “es fundamental para mejorar las condiciones”.

En Salta hay unas 500 comunidades indígenas pertenecientes a más de 14 pueblos originarios.

Más allá del fallo judicial, la aplicación y reglamentación de la Ley de Salud Intercultural tiene una causa que se sigue tramitando ante la Corte Suprema de Justicia de Salta por cuestiones procesales de competencia. “Es indispensable que la Corte resuelva de forma adecuada y oportuna estos aspectos, para garantizar el derecho a la salud de los niños y niñas de estas comunidades”, manifestaron desde Infancia en Deuda.

En Salta hay aproximadamente 500 comunidades indígenas pertenecientes a más de 14 pueblos originarios. En los departamentos de Rivadavia, Orán y San Martín, ubicados en el norte de la provincia, se encuentran en emergencia sociosanitaria desde enero de 2020 luego de que fallecieran nueve niños. 

Los datos oficiales marcan que hay al menos 7.543 niñas y niños, de entre 0 y 5 años, que residen en esos departamentos y se encuentran en estado de riesgo nutricional. El Ministerio de Salud Pública indicó que en los territorios en emergencia fallecieron 108 niñas y niños en 2020 y, en el transcurso de los primeros seis meses de 2021, se registraron 64 nuevos decesos.