La Legislatura porteña prorrogó por cinco años más la Emergencia Social, Urbanística, Ambiental y Sanitaria de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Esta extensión fue aprobada con 36 votos a favor y 14 abstenciones y tendrá vigencia hasta el 2024 (ya había tenido una renovación en 2016 por 3 años).

La iniciativa de la Comisión de Ambiente fue presentada por las diputadas Patricia Vischi (Ev) y Mercedes de las Casas (VJ), quienes consideraron necesario el aplazamiento para cumplir con la relocalización de las familias, la limpieza de los márgenes del río, el relevamiento de industrias y la ejecución de Sistema Riachuelo.

Algunos legisladores denunciaron la modificación del artículo 7 de la ley original que establecía que cada año, antes de octubre, el Poder Ejecutivo debía presentarse a rendir las acciones realizadas en el marco de esta normativa. La nueva prórroga estira hasta los primeros meses del año 2020 la próxima instancia informativa.

Consideraron necesario el aplazamiento para cumplir con la relocalización de las familias, la limpieza de los márgenes del río y el relevamiento de industrias.

“Es contradictorio porque extendieron la emergencia, pero no informaron sobre la situación actual ni el estado de las acciones”, expresó María Rosa Muiños (FV). "Ninguno de los principales objetivos y disposiciones de la Ley de 2011 se cumplió al 100%", sentenció.

Según Muiños, “el diagnóstico está peor y lo único que avanzó como correspondía fue el Paseo del Camino de Sirga. Lo demás está retrasado y con fallas, como la vigilancia de la salud de las familias que están a la vera del río o las relocalizaciones”.

Al finalizar la sesión, una de las funcionarias firmantes del proyecto, Mercedes de las Casas, se comprometió a hacer que el Ejecutivo se presente en octubre.

Ni salud ni viviendas

Un informe de la Auditoría General de la Nación señaló que se necesitarían 15 años para chequear la situación de la salud de las familias de la Cuenca y según datos del Gobierno de la Ciudad de 2018 aún resta reubicar al 63% de la población afectada por la contaminación. Asimismo, para la Auditoria porteña falta coordinación en el relevamiento de las empresas asentadas en la zona.

Si bien hubo muchos proyectos de viviendas para las familias que debían ser ubicadas en un nuevo lugar, “existieron fallas, licitaciones caídas, vacías o incumplidas, como el caso de Mundo Grua, que situó a las familias fuera de zona".

Por último, Muiños enfatizó que "el fallo de la Causa Mendoza dice que la relocalización tiene que ser dentro del espacio. Es necesario pensar en el desarrollo económico y social de las personas, pero esto no se cumple”.