La pandemia ha puesto en relieve, de forma inédita, la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida. Esta emergencia planetaria abierta es, según la canciller alemana Angela Merkel, la peor desde la Segunda Guerra Mundial. Ha provocado una emergencia de tal magnitud que plantea forzosamente una nueva dimensión de exigencia para la acción coordinada de los Estados.

Salvar la mayor cantidad de vidas posibles es el objetivo que debe ordenar todo debate de política pública en el presente inmediato.

De nada valdría la responsabilidad social de cada argentino o la tarea de un gobernante o funcionario de turno si las acciones no están coordinadas y articuladas con los distintos actores.

Es por ello que no solo es imprescindible adoptar las medidas pertinentes sino que además es necesario utilizar o dotar de herramientas, si no las hay, de política pública, al manejo de crisis. 

Desde el 2016, nuestro país cuenta con un Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR). La iniciativa, creada por la Ley 27.287, funciona en el ámbito del Ministerio de Seguridad y su objetivo es el de prevenir, mitigar y dar respuesta al impacto de desastres. Si bien en principio es una herramienta que ha sido creada con el fin de dar respuesta a catástrofes de tipo natural o ambiental, su implementación resultaría muy útil para mitigar el impacto de las dos grandes epidemias que azotan a la Argentina por estos días: el Covid- 19 y el Dengue.

A partir de su creación, el SINAGIR dispuso la creación de dos fondos. Por un lado, el llamado Fondo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (FONGIR), cuyos recursos provienen del presupuesto Nacional y su objetivo es actuar sobre la prevención y reducción del riesgo de desastres. Por otro, el Fondo Nacional de Emergencias (FONAE) pensado para financiar acciones de preparación y de respuesta rápida ante catástrofes, que tiene un carácter de extrapresupuestario y se rige por las reglas del fideicomiso.

Además, lo novedoso del SINAGIR es que permite la transversalidad de todos los niveles de gobierno, es decir, el nacional, provincial, municipal y la participación de la sociedad civil.

Hasta aquí resulta realmente original ya que no solo crea un sistema de financiamiento para prevenir desastres, sino además para dar respuesta rápida.

Pero la planificación que permitía proyectar una estrategia a corto, mediano y largo plazo hoy se ve influenciada por la furia y la virulencia de la pandemia. Aquellos planes que daban prioridad a las emergencias hídricas, volcánicas e incendios forestales se ven obligados a contribuir a la catástrofe sanitaria.

Es por ello que la ministra de Seguridad Sabina Federic encabezó una videoconferencia con los distintos representantes gubernamentales y con organismos de protección civil de todo el país que conforman el consejo del SINAGIR para delinear el trabajo futuro en el contexto de la pandemia.

Esto muestra a las claras la necesidad de coordinar acciones de asistencia pero, sobre todas las cosas, de un abordaje integral que implique transversalidad y compromiso de toda la sociedad.

No basta solo con crear herramientas y fondos para paliar los desastres sino realmente una implementación concreta y eficaz de los instrumentos. Y si bien el SINAGIR viene a dar una aparente respuesta a un tema pendiente, no es menos cierto que crea un entramado burocrático con consejos nacionales y federales que pone en duda su eficiencia.

Pues resulta sumamente necesario, sobre todo en estos tiempos, la rapidez y eficacia en la toma decisiones. Pero además, la puesta en marcha de acciones concretas. En este sentido, los fondos que crea la ley, tanto para prevenir y dar respuesta a las situaciones de emergencia, aún no se motorizaron, lo que demuestra la falta de decisión política de nutrir realmente de recursos al Sistema Integral de Riesgo. Solo se ha destinado una porción de la partida presupuestaria a los bomberos voluntarios, dejando en evidencia el poco interés real de cumplir con el sistema.

El Ministerio de Seguridad solo se limitó a crear un programa nacional de asistencia y colaboración que permite la transferencia de fondos a fin de contribuir en la reparación de los daños sufridos por las catástrofes, resultando totalmente escaso, sobre todo para paliar al coronavirus.

Hasta ahora el SINAGIR resulta una herramienta novedosa pero totalmente decorativa. Su función se reduce a la simple gestión de la información interministerial y tal vez a la escasa transferencias de fondos en forma de subsidio a provincias y municipios a fin de resolver algunas cuestiones operativas.

Lejos quedo su esencia de integral, puesto que los fondos de prevención y acción de respuesta no han sido puestos en funcionamiento para abordar las problemáticas como se suponía. Tan importante hubiera sido la decisión política de transferir recursos, que en esta situación nos permitiría actuar de una forma mucho más abarcativa la problemática. De todos modos, vale aclarar que su funcionamiento es reciente, que la gestión aún se está acomodando y que el contexto de pandemia seguramente acelere la necesidad de ponerla en marcha.

Lo cierto es que el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo sigue siendo una deuda pendiente, no solo en materia operativa sino, sobre todo, en financiamiento y control de los recursos.

Queda claro que contar con la decisión política para ponerlo en marcha y la transferencia de fondos es sumamente importante, pero no es menor poner el énfasis sobre su administración. Es necesario utilizar los recursos de manera eficiente con la responsabilidad que implica.Muchas veces se malgasta el dinero en cuestiones para las que no han sido creadas. Y otras veces sufrimos las consecuencias de quienes mal administran los recursos asignados. Por ello no solo es importante adoptar políticas públicas con una visión integral, que implique que cada provincia, municipio y región siga un determinado protocolo en situaciones de crisis como la que estamos atravesando. Sino que lo que hace verdaderamente importante a la herramienta, es su capacidad de acción y respuesta con los recursos que se destinen, y sobre todo con la responsabilidad de los gobiernos que los administren.