La revolución digital ha transformado y facilitado las comunicaciones, el comercio, la productividad y la descentralización del conocimiento, así como la automatización de procesos complejos y la creación de espacios virtuales nunca antes imaginados. Pero también han quedado al descubierto los efectos negativos como los sesgos (de género, de raza, de clase) con los que se entrenan los algoritmos, el potencial de la inteligencia artificial para reemplazar a miles de trabajadores y los riesgos democráticos de la manipulación de información y la difusión masiva de desinformación que distorsiona el debate público, por mencionar algunos. 

Ante estos desafíos tan complejos, tal como nos ha enseñado la pandemia de COVID-19, las respuestas unilaterales, desde las miradas parciales de un solo gobierno o de una comunidad en particular, son insuficientes. Por el contrario, estos problemas enmarañados demandan soluciones multidimensionales y enfoque interseccional. La gobernanza colaborativa aparece como una herramienta potencialmente poderosa para construir políticas públicas integrales, efectivas, y legítimas, especialmente para desafíos políticos de alta complejidad. 

La gobernanza colaborativa apunta a la construcción de políticas públicas que tomen en cuenta las ideas, los intereses y el expertise de una variedad de actores de distintos ámbitos, provenientes tanto de las esferas privada como pública. Se compone de una serie de instancias de intercambios entre organizaciones, grupos, y/o distintas instituciones, que están orientadas a un mismo fin: diseñar e implementar una política o acción. Así, estas prácticas incluyen a diferentes actores relevantes, por lo menos dos, que trabajan hacia un objetivo común, como por ejemplo, reducir la propagación de COVID-19. 

¿Qué podemos aprender de la gobernanza colaborativa?

En primer lugar, que el gobierno nacional tiene un rol central para que la colaboración sea efectiva y legítima, dado que es un actor que cuenta con recursos, presencia territorial y legitimidad de origen. Sin embargo, para que su participación tenga un lugar central en las instancias de gobernanza colaborativa debe existir voluntad política para priorizar este tipo de creación de políticas públicas, así como reconstruir la confianza que otros actores puedan identificar hacia el gobierno nacional. 

En segundo lugar, son necesarios incentivos y voluntad política para trascender los objetivos de corto plazo de modo que la colaboración despliegue su potencial transformador y logre institucionalizarse, fundamentalmente para dar soluciones más efectivas en la atención de quienes más lo necesitan. 

El tercer aprendizaje desde América Latina indica que la colaboración es dinámica. Esto implica que pueden sumarse y/o retirarse distintos actores, incluso el gobierno nacional, a lo largo del tiempo. La colaboración puede ir institucionalizandose y/o desinstitucionalizando con el tiempo. Puede perder su raison d´être, una vez superada la crisis que le dio origen, o puede permanecer latente para luego reinstalarse nuevamente frente a otra crisis.   

En conclusión, en una región caracterizada por bajos niveles de institucionalización de la transformación digital, instituciones públicas con escasos recursos y fuertemente cuestionadas y/o deslegitimadas, las instancias de gobernanza colaborativa que involucren a múltiples tipos de actores dotados de diferentes recursos y distintos saberes son fundamentales y estratégicas. Y las respuestas de gobernanza colaborativa no pueden ser analógicas.