A 20 años de la sanción de la Ley nacional 24.012, conocida como Ley de Cupo femenino, que establece la participación de un mínimo del 30% de mujeres entre los candidatos a cargos legislativos y en proporciones con posibilidad de resultar electas, aún hay dos provincias del país, Jujuy y Entre Ríos, que no adecuaron del todo sus normativas a esta ordenanza.

En el caso de Jujuy, numerosos proyectos han pasado por la legislatura local a lo largo de las últimas dos décadas, aunque hasta noviembre pasado ninguno logró ser tratado. Finalmente, en una de las últimas sesiones de 2010, con el voto del Frente para la Victoria y el Peronismo disidente, se aprobó una ley de cupo (N° 5.668) que reforma el Código Electoral de la provincia e incorpora una cláusula que plantea que no se oficializarán listas para ninguna clase de cargos que nominen a más de dos candidatos del mismo sexo en orden sucesivo.

Consultada por gestionpublica.info, Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), explicó que la norma aprobada por la legislatura jujeña no adopta el criterio de la ley nacional, ya que si bien establece que el 30% deben ser mujeres, lo hace en una forma que acepta que las mujeres se ubiquen en el tercer lugar de la lista, incluido cuando se trata de elegir dos cargos, o sea que no van a entrar a esos escaños. Igual postura destacó la diputada provincial Silvia Alejandra Martínez, del bloque Unión Cívica Radical (UCR), quien calificó de cosmética a la ley y remarcó que no va a cambiar la actual desigualdad que tenemos las mujeres. Junto a otros legisladores, Martínez impulsa ahora una modificación a la nueva Ley donde no se podrá incluir en las listas a más de dos candidatos del mismo sexo en orden sucesivo, sin contemplar los cargos expectantes, ya que según explicó en muchos casos donde los cargos son dos y las personas que están con posibilidad son varones, la mujer queda excluida.

Según destacó la diputada de la UCR, de 290 cargos electivos en los consejos deliberantes y en las comisiones municipales, solo 38 son ocupados por mujeres. Somos ciudadanas de segunda, nacer o vivir en Jujuy significa tener menos derechos políticos que en otros lugares de Argentina, exclamó. A nivel partidario, el bloque de la UCR es uno de los pocos que incorporó el cupo del 30% para cargos electivos y partidarios, y, según anticipó la diputada, creemos que este año tiene que darse una nueva batalla.

El caso de Entre Ríos, en cambio, es aún más llamativo: en la última modificación de la Constitución provincial (año 2008) se incluyó el artículo 17, donde se garantiza la igualdad real de oportunidades y de trato para mujeres y varones, y se asegura a la mujer, además, la igualdad real de oportunidades para el acceso a los diferentes estamentos y organismos del Estado provincial, municipal y comunal. Sin embargo, hasta hace tres meses atrás, no había una Ley provincial que garantizara el cumplimiento del artículo.

Para la diputada provincial Ana Delia D´Angelo (GEN), la situación de Entre Ríos es muy particular, casi inentendible. Desde el retorno a la democracia distintos gobernadores y legisladores han impulsado proyectos de participación igualitaria, pero nunca llegaron a ser votados para que salga una Ley. Finalmente, a fines de marzo pasado, el gobierno de Entre Ríos promulgó una Ley de Cupo (ya tenía media sanción en Diputados en 2010), donde se garantiza la inclusión de un 25% de candidatas mujeres en las listas electorales. La diputada del GEN confesó a gestionpublica.info su disconformidad con la norma aprobada, ya que según dijo aún no alcanzamos el 30% que establece la Ley nacional.

Ahora tenemos tres sistemas distintos en la provincia: por un lado está la Ley orgánica de los municipios que garantiza un 50% de participación de cada género en las listas, el 30% de cupo femenino a nivel nacional, y a nivel provincial recientemente la novedad del 25%. Igualmente, costó tanto lograr la sanción de la ley, que decidimos dejar pasar el proceso electoral, y volver a instalar el debate el año que viene y luchar por lograr una mayor equidad para las mujeres entrerrianas, destacó D´Angelo.

Una mención aparte merece Buenos Aires, que es una de las pocas ciudades que en su Constitución establece que en todos los cuerpos colegiados tiene que haber representación de los dos sexos, es decir, no pueden incluirse a tres personas de un mismo sexo en orden consecutivo. Por ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia donde son cinco sus integrantes, tiene que ser 3 y 2.

A nivel nacional

Para Natalia Gherardi, Directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), en términos generales, tanto a nacional como provincial, la ley de cupos se cumple, y cuando no se hace, hay bastante judicialización. Igualmente, aclaró: En 2005, la participación de mujeres en el Congreso nacional llegó al 40%, y desde ahí viene bajando, no llega a menos del 30, pero tampoco sube, es decir, es el piso y también el techo.

Por su parte, Bianco se refirió a la situación de la mujer en el Poder Ejecutivo y afirmó que en este caso depende de los gobernantes electos, por eso hay muchas menos ministras mujeres a nivel nacional, también pocas, o mejor dicho una sola gobernadora (Fabiana Ríos en Tierra del Fuego) y una vice-gobernadora (Griselda Tessio en Santa Fe), y muy pocas ministras provinciales. Donde las mujeres están más presentes es como intendentas y como concejales. En el ámbito judicial, recién en 2003 se incorporan dos mujeres a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay), y también otras en las cortes provinciales o tribunales superiores.

Para Gherardi, la aspiración es la paridad, pero no en relación al cupo, sino a la paridad en términos de la representación democrática. En relación a este punto, en 2007 se llevó a cabo la X Conferencia Regional de la Mujer en Quito, Ecuador, donde se aprobó el consenso de Quito que busca contribuir a mejorar la representación y gestión  política de las mujeres en los gobiernos locales a través del fortalecimiento de los espacios regionales. Mabel Bianco estuvo presente en el encuentro y destacó que la idea es alcanzar la paridad. No es posible seguir con la participación inequitativa de mujeres y varones, pero esto no solo en la política. En lo laboral, educacional, social y económico también. Este cambio es imprescindible e ineludible si queremos tener una democracia plena, concluyó.

En cifras

La Ley de Cupo femenino vigente (Ley N° 24.012) solo se aplica a cargos electos nacionales y para el Poder Legislativo. Luego de su sanción, la Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en aplicar por ley un sistema de cuotas que garantice la participación de las mujeres en el Congreso Nacional.

Antes de la vigencia de la reforma, las mujeres representaban solo el 5,4% de la cámara de Diputados. Según datos a marzo de 2010, las mujeres representan actualmente el 38,5% del total de sus integrantes. En la cámara de Senadores, en tanto, antes de la ley de cupo las mujeres representaban solo el 8% del total del cuerpo; actualmente, alcanzan un 36%.

Un informe realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero (ELA) junto a la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) entre otras organizaciones no gubernamentales, refleja que, según datos de 2010, las mujeres representan actualmente el 38,5% del total de los integrantes del Congreso. Entre las autoridades actuales de ambas cámaras, solo hay una mujer como vice presidenta segunda de la Cámara de diputados (Patricia Susana Fadel). 

Desde las elecciones del 2007, el Poder Ejecutivo Nacional se encuentra a cargo de una mujer, Cristina Fernández de Kirchner, aunque a mayo de 2010, según datos del informe de ELA, de un total de 15 ministerios del gobierno nacional solo tres son ocupados por mujeres (Nilda Garré en Seguridad, Débora Giorgi en Industria y Alicia Kirchner en Desarrollo Social). A nivel provincial la situación de la mujer refleja un escenario similar: teniendo en cuenta la totalidad de las provincias argentinas las mujeres se encuentran a cargo del 15% de los ministerios y del 26% de las secretarías, según información del año 2008.