¿Falta de interés? Tres abogados llevan más de 1048 casos por defensa al consumidor
Son los expedientes que la Procuración General de la Ciudad tiene contra las empresas que incumplen la ley. No hay personal administrativo, el lugar físico del ente es chico y no posee la adecuada seguridad para la guarda de expedientes. En el 81% de los legajos no figura el monto de las multas impuestas. La falta de un adecuado orden dificulta el seguimiento de las infracciones.
En realidad “los letrados que trabajan en el área de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Procuración son cuatro, pero solo tres son operativos para llevar los 1048 juicios que había hasta el 31 de diciembre de 2012”, ya que uno era el encargado del sector. Ellos “tienen a su cargo la responsabilidad de diseñar la defensa judicial mediante la confección de escritos”.
A esta evidente falta de personal profesional se suma que “no hay empleados administrativos ya que el único agente que realizaba esa labor estaba de licencia psiquiátrica”.
Así se pronunció la auditoría porteña en ocasión de “evaluar la gestión judicial de aquellas acciones legales vinculadas con la defensa del consumidor y la lealtad comercial que la Procuración General lleva adelante frente a los recursos que interponen las empresas que fueron sancionadas por la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor previa denuncia de un usuario”. En esta instancia, quienes fueron clientes dejan de ser parte de la denuncia y las empresas demandadas pueden recibir una sanción con un monto máximo de $5 millones.
Un dato llamativo son los rubros más denunciados que se pueden ver en el siguiente cuadro:
Sobre el espacio físico donde se encuentra el área de Defensa al Consumidor, la AGCBA no tuvo palabras alentadoras. Según detalla en su informe aprobado en septiembre de 2013, “se reducen a una oficina con escaso metraje en relación a la cantidad de personal que trabaja”. A ello se suma “la mala ubicación de los muebles y la cantidad de carpetas acumuladas que obstaculizan la circulación por el lugar”.
Sobre el mobiliario también se observó que “no es seguro ni íntegro para guardar los expedientes: había estantes o archivos sin puertas ni cerraduras”.
El SISEJ es el sistema de seguimiento electrónico que utiliza la Procuración General para el monitoreo de los juicios. El organismo destacó que “no está actualizado”, lo que genera “un debilitamiento del control interno”. Es que en el 81% de los casos “no figuran los montos de las multas impuestas y en el 31% no se registraba la etapa del estado procesal”.
El análisis de la AGCBA también explica que por cada caso judicial se abre una Carpeta Interna con un número que la identifique y una carátula con datos. De los 88 expedientes que conformaban la muestra, “ninguno estaba debidamente foliado”. Se detectó que “no siempre están ordenadas cronológicamente y no se encuentran conformadas por la totalidad de las actuaciones judiciales”.
Otra de las observaciones más importantes en materia de expedientes es que “la falta de correlación entre el número de la carpeta administrativa y el de la actuación judicial dificulta comparar las multas abonadas con las pendientes”.