Una vez más se publica un informe sobre hogares para personas con discapacidad sin habilitación. En esta oportunidad, un relevamiento de la Auditoría General de la Nación (AGN) señaló que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (I.N.S.S.J.P - PAMI) mantenía convenios con establecimientos que no tenían al día los permisos municipales, ni contaban con planes de evacuación de emergencias aprobados por Defensa Civil.

Las observaciones se dan en torno a las prestaciones brindadas por las instituciones contratadas por PAMI, mediante el Programa de Atención Integral para Personal con Discapacidad (PROIDIS), que, durante 2008, brindaba cobertura integral a aproximadamente 11.000 personas en 450 efectores de todo el país.

Mediante la visita a 10 hogares (4 de Capital Federal, 3 de Morón y otros 3 de San Martín, Provincia de Buenos Aires), el último informe de la AGN sobre el INSSJP, aprobado este año sobre datos de 2008, señala que los centros presentaban “planes de emergencia y sistemas contra incendio en trámite”.

En cuanto a las habilitaciones municipales, cabe señalar que tanto la AGN como la Auditoría porteña, publicaron anteriormente informes en las que se detecta la misma irregularidad, tanto desde PAMI, como desde otras dependencias gubernamentales. Un informe de la AGCBA aseguró que en 2007 la ex Dirección General de Discapacidad entregaba ayuda económica a instituciones que no tenían permisos para funcionar. También, la Auditoría de la Nación detectó que en Capital, durante 2007, PAMI trabajaba con geriátricos sin salidas de emergencia y, además, otro informe del mismo período expresaba que en los establecimientos había “falencias que comprometían la seguridad de los residentes”.

La AGN detectó que en Capital hubo hogares que “no cumplían con la normativa de un baño cada 15 personas”; en Morón, “las historias clínicas carecían de informes médicos de especialistas como neurólogos, pediatras, psiquiatras o nutricionistas”; y en San Martín, hubo casos en los que “los baños no estaban adaptados para personas con discapacidades motoras”, y “había ambientes sin climatización permanente para altas y bajas temperaturas”.

De control y penalidades

No obstante, el informe agrega, que “las Unidades de Gestión Local (UGL) no cuentan con personal profesional suficiente para realizar la totalidad de los controles sobre los establecimientos”, y que los criterios aplicados por esas áreas para el control “son distintos” a los empleados por la Unidad de Auditoría Prestacional. En tanto, ni siquiera “las guías utilizadas por las distintas UGL son totalmente coincidentes entre sí”, por lo que se dificulta “controlar de manera objetiva, ordenada y sistematizada a las instituciones prestadoras”.

De hecho, un informe aprobado en 2010 por la AGN aseguraba que de 457 geriátricos que albergan a 14.500 afiliados, “en 265 no se realizó ningún control sobre su planta física” por parte de las Unidades de Gestión Local.

Por último la Auditoría Nacional afirmó que “no se prevé un sistema gradual de penalidades” para quienes brinden servicios a las personas con discapacidad sin cumplir con los requisitos establecidos. Si los establecimientos no corrigen las falencias detectadas, PAMI  “disminuye la categoría del prestador”. No obstante, la AGN señaló que “la baja de categoría como recurso sancionatorio no aparece como un procedimiento que permita graduar la penalidad”.