Según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), el Registro Automotor sumó entre 2010 y 2011 un superávit de casi $ 1.500 millones y, sin embargo, el 98% de ese dinero “no fue utilizado para financiar su operatoria”, sino que se destinaron a “atender gastos relacionados con otras actividades” del organismo. 

La investigación, aprobada a fines del año pasado, señaló que esta situación “desnaturalizó el concepto de arancel o tasa” que pagaron los usuarios durante ese período y que provocó, justamente, tamaña performance en un ente nacional que se encarga del registro de automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial y de los créditos prendarios.

El organismo de control detalló que en 2010 el Registro en cuestión recaudó en concepto de aranceles por trámites unos $ 1.793 millones; monto que sirvió para cubrir gastos por casi $ 1.200 millones y generó un saldo a favor cercano a los $ 604 millones (para ver cifras exactas, haga click en Descargue el Informe). 

Al año siguiente, el desempeño fue aún más holgado: los ingresos del Registro ascendieron a $ 2.465 millones y los desembolsos superaron los $ 1.600 millones, lo que dio un superávit de $ 868 millones.

Correspondencia

Por otra parte, y a partir de estos datos, la Auditoría observó una suerte de desproporción entre las cifras en juego y los montos que figuraron en los Presupuestos de los años analizados. 

Es que la Ley de leyes correspondiente a 2010 preveía que el Registro Automotor tendría gastos por $ 8.969.306, muy lejos de los $ 1.198.507.357 que finalmente desembolsó el organismo. 

Lo mismo ocurrió en 2011: según las estimaciones del Presupuesto nacional, la partida prevista para el Registro era de $ 15.324.521 y, como ya se dijo, las erogaciones treparon hasta los $ 1.612.521.864.

Esto quiere decir que, sumando los cálculos de 2010 y 2011, el organismo desembolsaría unos $ 24 millones, pero sólo con los aranceles de los usuarios se recaudaron más de $ 4.250 millones y los gastos sumaron unos $ 2.811.029.221, es decir, 114 veces más de lo previsto de las leyes de Presupuesto aprobadas para esos años.

Así, el informe concluye que los números que ostenta el Registro Automotor “no guardan correspondencia con la magnitud del movimiento económico anual”, y que esta situación “impide la utilización del presupuesto como herramienta de control”.

Entes cooperadores

Hay más sobre el seguimiento de estos gastos. Según la Ley 23.283, el Ministerio de Justicia -cartera de la que depende organismo analizado-, está facultado para celebrar convenios con entes tanto públicos como privados para que cooperen técnica o financieramente con el Registro.

Sin embargo, la AGN “no pudo auditar los ingresos y la inversión del conjunto de fondos de cooperación ley 23283, debido a la negativa (del Registro) a suministrar la información” necesaria.

Radiografía del Registro

Explica la Auditoría, que existen unas 1.499 seccionales del Registro distribuidas en todo el país y que, de ese total, 777 se dedican a “tareas registrales de automotores”. 

En cuanto al seguimiento de esas últimas oficinas, el informe dice que “la Dirección de Fiscalización y Control de Gestión del ente inspeccionó 266 seccionales durante 2010”, lo que representa algo más de un tercio (34,2%) de los Registros con competencia automotor.

Asimismo, la AGN analizó 42 Registros, que fueron seleccionados a partir de su mayor recaudación, mayor cantidad de trámites y, consecuentemente, mayor matriz de riesgo. De esa muestra, según el informe, surgió que 20 seccionales no fueron inspeccionadas en 2010, en 15 sedes no había constancia de chequeos anteriores y solamente siete fueron controladas durante ese año, lo que evidenció “un bajo cumplimiento de control”, sentenciaron los auditores. 

Por otro lado, la investigación añade que casi la mitad de los Registros que hay en el país (703 sobre 1.499), se encuentran “intervenidos”, es decir, que la autoridad a cargo no fue nombrada por concurso, tal como lo establece una resolución del Ministerio de Justicia que data de 2003.

De los llamados “intervenidos”, 209 registros son los dedicados a automotores. La Auditoría cuenta que para este grupo se organizaron concursos para cubrir 83 cargos, pero “no se concretó ninguna designación”. 

Con respecto a los recursos humanos, el informe puntualizó que el Registro tiene 1.094 agentes y que, de ese total, sólo 139 son de planta permanente (12,7%), mientras que las 955 personas restantes son provistas por los ya mencionados entes cooperadores. 

Sobre esa dotación, la AGN observó que “carece de carrera administrativa”, y que además tiene un nivel remuneratorio inferior a la planta permanente, lo que “genera una situación inequitativa, al existir categorías diferenciales de trabajadores para iguales funciones”.

Para completar el cuadro, el informe apunta que existen agentes provenientes de los entes cooperadores que desempeñan tareas en la Dirección de Fiscalización y Control de Gestión, y hasta incluso hay casos de personas que ocupan el cargo de Interventor de Registro.