La semana pasada publicamos en El Auditor.info varias irregularidades en torno al funcionamiento interno del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), principalmente relacionadas con la rendición de gastos y la entrega de subsidios a los pobladores. Pero todavía hay más.

Según detalla el informe de la Auditoría General de Salta, aprobado en 2012, el instituto en cuestión “actuó como contratista ante el Instituto Provincial de Vivienda para la construcción de 230 casas durante el 2009 y el 2010”. El objetivo principal era “fomentar la creación de sistemas de construcción comunitaria a partir de relaciones de solidaridad y ayuda mutua”, es decir, que sean los miembros de la comunidad los que aprendan y realicen las tareas de manera conjunta. Sin embargo, de las 230 unidade solo 25 fueron ejecutadas por la administración del IPPIS y el resto fue adjudicada a terceros”. Esta situación, manifiesta el organismo de control, “no colabora con el cumplimiento de su meta”.

A ello se suma que los legajos relacionados con las soluciones habitacionales “estaban incompletos, ya que no contenían, por ejemplo, ni los planes de trabajos, ni los informes de obra de la Unidad Ejecutora de Viviendas”. Tampoco había documentación que acredite que las firmas subcontratadas eran en verdad contratistas del Estado.

La Auditoría salteña verificó además que hubo “una paralización en la obra 7 Viviendas en Comunidad Toba II” y “un avance a ritmo no previsto en las obras 10 Viviendas en Comunidad Km 7 y 20 Viviendas Comunidad Monte Sinaí”, además de varios “desfasajes de plazos”.

Metas

Respecto a este punto, la Auditoría detectó “diferencias entre las metas propuestas y las efectivamente ejecutadas” durante el 2009. De hecho, calificó de “importante” la magnitud que presentan las desviaciones, tal como se ve en el siguiente cuadro:

Instituto de Pueblos Indígenas de Salta: lejos de cumplir sus objetivos

Esta situación constituye “un riesgo en el cumplimiento de los objetivos institucionales”. 

Para el equipo de auditores no fue fácil llegar a estas conclusiones ya que el ISSIP “no puso a disposición la documentación para verificar la construcción de metas ejecutadas por el organismo”