Un informe de la Auditoría General salteña reveló que el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) entregó subsidios a quienes no eran beneficiarios, pagó sueldos sin contrato que los respalde y realizó gastos que no se ajustan a la normativa, que solo permite hacerlos en casos excepcionales. Éstas fueron solo algunas de las observaciones que realizó el organismo de control.


A través del Instituto hay miembros de distintas comunidades que reciben subsidios mensuales “para solventar gastos de transporte, salud y educación”. Sin embargo, la Auditoría descubrió “contribuciones entregadas a personas que no estaban en la lista de beneficiarios” y “diferencias entre los montos asignados y los otorgados”.


En el informe se detalla, a modo de ejemplo, que en septiembre de 2009 hubo un beneficiario que si bien tenía autorizada la suma de $200 recibió dos pagos: uno por $300, el día 3 y otro por $600 el 18. Una señora, a la que correspondía pagarle $300 cobró $500, mientras que otro subsidiado recibió $100 de los $300 que le pertenecían.


Se detectó también, y “en reiteradas oportunidades, comprobantes que identifican gastos de celular, comidas y transporte justificados como Anticipo de Haberes, sin ajustarse a la normativa del ISSIP que solo permite usar esos anticipos para casos “excepcionales y debidamente probados”.


En el informe, que evalúa los años 2009 y 2010, se señala que hay gastos “sin la autorización correspondiente”. Por ejemplo, se halló una factura por $2.044,37 por telefonía celular; tres por $4.250, $1255 y $1020 en concepto de almuerzos, una de $1380 por hospedaje y otra de $4552,60 por publicidad. Estos comprobantes son solo algunos de una larguísima lista que incluye otros tipos de consumos como artículos descartables, suministro eléctrico, fotocopias y “celebración Pachamama”.


De hecho, el organismo de control manifestó en su informe, aprobado en agosto de 2012, que “de $50.412 que se gastaron en febrero y diciembre de 2010, sólo se rindieron $10.826, quedando pendientes $39.586”. También “hubo $21.499 en concepto de honorarios sin su respectivo contrato que justifique el gasto”.


A esta situación se suma que “durante el 2010 se pagaron $16.775 en concepto de viáticos a personas que no trabajaban en relación de dependencia en el Instituto y de las cuales no se pudo establecer vinculación con el ente”.


Para Asistencia a Salud y Asistencia de Personas por Emergencias Sociales “se destinaron $299.888 y $359.865 respectivamente”. Pero la auditoría “no pudo acceder la documentación correspondiente a esos gastos, ya que no fue puesta a su disposición”.


Todas estas irregularidades se suman a la existencia de “una debilidad del Sistema de Control Interno, producto de que el Departamento contable, además de sus funciones tiene a su cargo al personal y al presupuesto del instituto”. En pocas palabras esto significa que no existe el debido control por oposición  para evitar que un solo sector de la organización tenga el control absoluto sobre un determinado proceso, a fin de darle mayor transparencia a la gestión.


 El IPPIS “tampoco efectuó los registros contables de las operaciones realizadas ni confeccionó los estados contables correspondientes”.