Un informe de la Auditoría porteña reveló que  a pesar de que la Dirección General de Niñez y Adolescencia (DGNyA) es un área orientada a la atención de jóvenes alojados en residencias producto de la violación de sus derechos, “no contaba con personal especializado en materia de seguridad, higiene y funcionamiento edilicio que supervise a los diferentes hogares”.

La Dirección tiene como función “el diseño, la implementación y el monitoreo de circuitos y programas tendientes a la prevención, atención y restitución de derechos vulnerados a niños y adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires”. En un principio, el organismo estaba bajo la órbita Nacional hasta que en el 2007 se produjo “la transferencia de responsabilidades y recursos” a la Ciudad.

Si bien la AGCBA hizo hincapié en advertir sobre “la complejidad que implica el abordaje de la asistencia a los jóvenes alojados en hogares”, detectó varias “fallas de articulación entre los organismos intervinientes en la resolución de la problemática en cuestión”.

Durante las tareas de campo, que se realizaron entre febrero y agosto de 2009, los auditores constataron que la DGNyA “contaba con un total de 88 convenios firmados con distintas ONG´s”. No obstante, para realizar su informe, que demoró casi dos años en ser aprobado, el organismo de control evaluó 82 acuerdos.

En materia de sanciones, la AGCBA descubrió que “en el 95% de las situaciones con irregularidades, no había documentación que acredite acciones o medidas adoptadas” al respecto. Es más, en el informe se expresó que en realidad “no había una reglamentación que expresara con claridad a qué área le corresponde valorar y aplicar las distintas sanciones según la gravedad de la falta” que cometen los hogares.

Por otra parte, señaló que “el área de Supervisión y Monitoreo carecía de un nutricionista, un arquitecto y un médico psiquiatra-necesarios- para evalúen la atención integral, las condiciones de seguridad, la infraestructura y equipamiento de los hogares”.

La Auditoría porteña “no pudo verificar” si los centros asistenciales de la Dirección General de Niñez y Adolescencia cumplían con los requerimientos nutricionales “por falta de documentación que lo acreditara”. Tampoco logró tener acceso a los legajos completos de las empresas prestatarias de alimentos.

En cuanto al personal que trabajaba en los hogares, la AGCBA subrayó que “el 94% era contratado”, ocasionando “un perjuicio y un riesgo para la administración pública, por la transitoriedad, inestabilidad y falta de responsabilidad administrativa del personal”. A ello se le suma que “no existía una base de datos informatizada ni actualizada de las personas que brindaban servicios” a la Dirección.

Tampoco existía “un ordenamiento y resguardo de la documentación del proceso de traspaso de Hogares de la órbita Nacional a la Ciudad” como registros completos y unificados de ONG´s; niños y adolescentes transferidos, alojados y en espera;  entre otras cuestiones.

Conclusiones

El equipo de auditores señaló que como el objeto de trabajo de la DGNyA son los niños y adolescentes en situación de vulneración de sus derechos, “la labor permanente en la emergencia les exige priorizar la atención inmediata de los jóvenes involucrados, muchas veces en detrimento del cumplimiento de los aspectos formales y administrativos que resultan significativos para el cumplimiento del control interno”.

Éste fue uno de los mayores obstáculos que tuvo que atravesar el organismo de control tanto “para el seguimiento de los casos atendidos, así como para la obtención de información que permita determinar la eficacia y eficiencia de la gestión del programa”.