Desde su creación en 2006, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) está integrada por los gobiernos de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires y la Nación. Esta vez nos basamos en el análisis de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) sobre la gestión del gobierno porteño durante 2011. Se trata del último informe vigente, publicado en febrero de 2013.

Para el periodo analizado, la Ciudad ejecutó acciones (programas) atribuidas al Programa Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) por un total de $ 546.527.275,79. Lo hizo a través de las siguientes áreas y por los valores que se consignan:

La Ciudad destinó $ 546 millones en el Riachuelo pero tuvo una“deficiente” gestión de urbanización de villas

Según la Auditoría, para “el Presupuesto de la Administración, no contó con un código único de identificación de las partidas presupuestarias”, es decir, un código que sea común a todas las acciones o programas que la Ciudad emprende sobre el Plan Integral de Saneamiento Ambiental. ¿Para qué sirve? Para facilitar el control público de los fondos y llevar un seguimiento de las actividades de saneamiento. Pero esto, al menos en 2011, no pasó.

El Gobierno de la Ciudad no estuvo solo en materia de obstáculos para el monitoreo del PISA. Según publicó la agencia Análisis de la Gestión Pública (AGP), “la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que la ACUMAR debía presentar información sobre el avance del cumplimiento de los objetivos (mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, sanear el Riachuelo y prevenir el daño, entre otros), a través de un sistema de indicadores. Pero, según la Auditoría General de la Nación (AGN) se estaría cumpliendo de manera parcial, a la vez que denuncian ocultamiento de datos”.

Cabe señalar que el Gobierno porteño aportó directamente a la ACUMAR otros $ 25.000.000.

Villas y asentamientos de la ribera

La AGCBA señaló que hubo una “deficiente gestión” sobre las relocalizaciones de los habitantes de villas y asentamientos precarios de los alrededores del Riachuelo, porque, entre otras cuestiones, se proyectaron “obras en terrenos intrusados o categorizados como Patrimonio Histórico”.

Lo detectó a partir de una muestra de obras encaradas por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). Sobre estos trabajos se observó “una subejecución presupuestaria del 40% ($ 64.033.975,16)”.

Uno de estos casos es la obra para la construcción de 64 viviendas para los habitantes de la Villa 26 de Barracas, que fue adjudicada en 2009, con un “plazo de 15 meses” de trabajo. La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda aseguró que el proyecto era No Objetable técnicamente, es decir, que en lo que respecta a la parte técnica la obra era completamente viable. Pero surgió un inconveniente, uno de los espacios destinados para este proyecto era un edificio y, para sorpresa, estaba considerado como Patrimonio Histórico. Por eso, a diciembre de 2011 no se habían iniciado las obras.

Algo similar sucedió con la construcción de 125 viviendas colectivas destinadas a grupos familiares, también, de la Villa 26. Al momento de iniciar la obra el predio estaba ocupado. Finalmente, después de su liberación, los trabajos comenzaron en junio de 2012.

Otro caso de esta muestra es el de las viviendas a construir en Lisandro de la Torre 1948 y Pilar 1881. Los predios finalmente “estaban intrusados por una Asociación Civil”, por lo que se decidió relocalizar ambas obras”. No obstante, según la AGCBA, en la actuación del IVC no figura ningún documento que respalde o confirme la intrusión.

De quien son los recursos

Las obras que analizó el organismo de control corresponden a emprendimientos desarrollados a partir de convenios celebrados entre el Ministerio de Planificación Federal de la Nación y el IVC de la Ciudad.

El informe explica que el Estado Nacional transfirió, en 2011, $ 15.484.924,30 para la ejecución de las obras y agrega que, si las mismas se hubieran iniciado en tiempo y forma el monto hubiera sido $ 55.804.924,87.

Los auditores observaron que dichos recursos fueron registrados en la contabilidad del gobierno porteño como “recursos propios” –fuente 12 en la jerga presupuestaria- en lugar de “transferencias afectadas” (fuente 14). “Incorrecta exposición de la ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento” es el señalamiento técnico de los expertos en control.