En horas del mediodía de este martes la justicia dispuso el allanamiento de las oficinas del Tribunal de Cuentas de la provincia, ubicada en 12 de Octubre 131 con el fin de determinar la regularidad o no en la provisión de mercadería dentro de planes alimentarios en la localidad de Ushuaia y el pago millonario en letras de tesorería tras una denuncia efectuada por la gobernadora Fabiana Ríos.

Ushuaia.- En horas del mediodía de este martes la justicia dispuso el allanamiento de las oficinas del Tribunal de Cuentas de la provincia, ubicada en 12 de Octubre 131 con el fin de determinar la regularidad o no en la provisión de mercadería dentro de planes alimentarios en la localidad de Ushuaia y el pago millonario en letras de tesorería tras una denuncia efectuada por la gobernadora Fabiana Ríos.

En esta misma causa ya habían sido allanados la firma Gualdesi, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Economía de la provincia. En los tres lugares se obtuvieron una serie de expedientes y registros contables de operaciones iniciadas en 2004.

Lo curioso de la nueva medida judicial es que el magistrado interviniente haya optado por allanar las oficinas del Tribunal de Cuentas y no realizar un pedido de presentación de documentación. Además sorprende que un juez decida realizar esta medida una oficina de contralor.

Como se recordará el Fiscal Mayor, Guillermo Massimi confirmó que la causa tuvo origen luego que "la gobernadora y el secretario legal y técnico concurrieran a la oficina de fiscales y radicaran una denuncia tendiente a que se investigue una presunta defraudación a la administración pública", explicó el funcionario el titular del Ministerio Público Fiscal.

Mássimi aclaró que "se está investigando la regularidad o no de la provisión de mercadería dentro de planes alimentarios en la localidad de Ushuaia", al tiempo que detalló que el pago efectuado a dicha distribuidora es de 8.200.000 pesos.

Al momento de brindar detalles de la investigación solo se remitió a informar que se trata de un expediente que se inicia en el 2006, pero en principio la deuda era originaria de dos ejercicios anteriores, vale decir en 2004.

Asimismo Massimi confirmó que "las letras se entregaron en su totalidad, algunas fueron cobradas y otras están a la espera de ser canceladas en este momento".

Para el Fiscal "la investigación recién empieza, nosotros sabemos que es un proveedor conocido del estado y que evidentemente ha entregado mercadería en reiteradas oportunidades, esto estamos analizando en base a documentación que hemos ido a buscar a la misma empresa y también a oficinas de gobierno".

Cabe señalar que las medidas emanadas por el Juzgado de Instrucción de Primera Nominación -allanamientos- solo se registraron en Ushuaia.