Publicado: 27-08-08 

Fueron responsables de Seguridad Vial y director y subdirector del área Administración del Ministerio de Seguridad. Un fallo consideró que hubo procedimientos irregulares en el 2006.

El Tribunal de Cuentas de Mendoza ordenó aplicar una multa a funcionarios del Ministerio de Seguridad de la gestión cobista por considerar que hubo procedimientos administrativos irregulares en el ejercicio 2006. Los montos van de los $500 a los $3.000.

En el fallo Nº15.115, que se emitió en julio pasado, se hace referencia a los responsables de estos incumplimientos relacionados con la concesión de la licencia de conducir y el desvío de fondos sin autorización interna de esa cartera.

En el primer caso el principal implicado fue el entonces director de Seguridad Vial, Enrique Yori, a quien se le aplicó una multa de $3.000. Y por el segundo recibieron una pena económica Martín Kerchner, ex director de Administración ($500) y Ernesto Fabián Marcozzi, ex subdirector de Administración ($500).

Ahora los ex funcionarios tendrán 30 días para depositar ese dinero en el Banco Nación a nombre del Tribunal de Cuentas. Luego serán girados a la Dirección General de Rentas.

Según los argumentos del organismo público, la dirección conducida por Yori debió ejercer su poder de policía para “controlar y supervisar todas las fases de la prestación del servicio (de otorgamiento de carnet para manejar) con el objeto de asegurar la continuidad, regularidad y eficiencia del mismo”.

Desde el Tribunal de Cuentas se requirió información sobre esta cláusula de la concesión vencida y los actuales funcionarios de Seguridad Vial respondieron que “no existen antecedentes... de haberse llevado a cabo verificaciones o fiscalizaciones”, consta en la página 6 del dictamen.

Como consecuencia de la falta de supervisión, la concesionaria de las licencias de conducir prestó un servicio “ineficiente y criticado por la mayoría de los que deben hacer uso de él”, se puede leer en otra parte de la resolución donde se explica por qué se decidió multar a Yori.

Otra de las falencias detectadas por el Tribunal de Cuentas, presidido por Salvador Farruggia, fue que se emplearon fondos con un destino diferente al asignado y no se justificó ese cambio de disposición. También se manifestó que debió existir una norma interna del ministerio que avalara dicho desvío y que ningún funcionario se ajustó a este requerimiento. “Tampoco acompañan constancias que acrediten que los fondos desviados o su utilización transitoria haya sido corregida con posterioridad o hayan efectuado actos útiles para su corrección”, se expresó.

Se trata de un envío de $500 mil proveniente del Ministerio del Interior de la Nación para sanear “desequilibrios financieros” y que se emplearon transitoriamente para cubrir el convenio para la creación del laboratorio de ADN de la UNCuyo.

Mediante una auditoría concretada en el ámbito de la Policía Científica se detectó que $90.160 fueron destinados a la compra de bienes que no cumplieron con el destino especificado: racionamiento para equinos por $83.692 y adquisición de 132 fuentes para la Dirección de Informática por $6.468.

Además el fallo dispone formar otro expediente para seguir investigando y aportar más información sobre la documentación faltante de pagos sin rendir e inventario de armas.

Se hace referencia a la falta de comprobantes de gastos por $13.692 del año 2006 y al no rendimiento de las gestiones realizadas para cobrar tres créditos: dos de la Policía de Mendoza (por $226.782,99 y $300.740,41) y uno del Ministerio de Justicia y Seguridad (por $83.632,58).