La organización Poder Ciudadano consideró que las últimas medidas del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos implican «un avasallamiento de los organismos de control» y advirtió que informará al respecto a la Organización de Estados Americanos y a las Naciones Unidas.

Según denunció la entidad, las medidas tomadas por la cartera de Aníbal Fernández impactan negativamente sobre el funcionamiento y la independencia de la Oficina

Anticorrupción (OA), y « contradicen lo establecido por la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción».

Así lo dijo en diálogo con «Noticias Argentinas» la directora ejecutiva de Poder Ciudadano, Laura Alonso, quien destacó como las medidas más polémicas, la reforma del reglamento interno de la OA y la suspensión de los concursos para la selección de personal técnico.

Alonso sostuvo que la reforma del reglamento interno le «quita independencia» a la Oficina Anticorrupción, porque obliga a que las investigaciones del organismo pasen primero por otra área del Ministerio.

Retroceso

La directora de Poder Ciudadano denunció que el Ministerio de Justicia «reduce la capacidad de independencia de la Oficina Anticorrupción, por un lado, y reduce el nivel técnico por otro». Según Poder Ciudadano, «esta sucesión de hechos implica un retroceso en materia de promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción en la Argentina».

«Convocamos a la ciudadanía a mantener una mirada alerta sobre esta serie de hechos graves e invitamos a las autoridades responsables a revisar éstas y otras medidas que operan en contra de un mejor y mayor control», concluyó el organismo mediante un comunicado.