Falta de transparencia en las cuentas de la Ciudad

Publicado: 29-07-2010

 

El macrismo deshabilitó una herramienta que permitía el control de las erogaciones.

CABA.- El Gobierno de la Ciudad no les permite a los legisladores y a los organismos de control que monitoreen el destino del gasto público. La oposición denuncia que el macrismo incumple la ley al no habilitar un programa que permite conocer la evolución de las erogaciones que realiza. Desde la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los organismos encargados de controlar al Gobierno, se quejan porque el sistema comenzó a emplearse en 1996 y desde que asumió el PRO está "inhabilitado por problemas técnicos".

El Sistema Integrado de Gestión Administrativa Financiera (Sigaf) es un programa que comenzó a instrumentarse cuando Fernando de la Rúa era jefe de Gobierno, y se empleó ininterrumpidamente hasta que finalizó la gestión de Jorge Telerman. El Sigaf se empleaba en un principio en los organismos de control (Auditoría de la Ciudad, Defensoría del Pueblo) y servía para monitorear la evolución de los gastos que realizaba el gobierno. Posteriormente se estableció que los integrantes de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura también debían tener acceso para tener más herramientas a la hora de elaborar o aprobar proyectos.

"No nos quieren dar la información porque la información es poder", aseguró el legislador de Diálogo por Buenos Aires Eduardo Epszteyn y agregó que "el gobierno porteño tiene una ejecución presupuestaria muy baja y hace maniobras que prefiere que ni el Poder Legislativo ni la oposición las conozcan". El economista aseveró en diálogo con Diario Z que hace tiempo se aprobó la instalación del Sigaf en la Comisión de Presupuesto, pero la única respuesta que les dio el macrismo es que no podían implementarlo porque "no era amigable desde el punto de vista informático". El legislador se quejó por dos factores. Por un lado, actualmente sólo reciben información del trimestre anterior, pero cuando ya pasaron 45 días desde que finalizó el período. Y por el otro, los datos presentan cada vez un menor grado de apertura.

Para Martín Hourest (Igualdad Social), si los legisladores no conocen cuánto gasta el Gobierno, tampoco pueden aprobar aumentos impositivos o endeudamientos. El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto citó como ejemplo una maniobra que realizó el Ejecutivo durante el mes último. La recaudación impositiva siempre se difunde durante los primeros días hábiles del mes siguiente, sin embargo, los ingresos fiscales de mayo se dieron a conocer a fines de junio porque durante los días previos se discutía en la Legislatura un aumento en Ingresos Brutos y una moratoria impositiva. Hourest explicó que si la información se hubiese dado a conocer a tiempo, los representantes porteños hubieran tenido más herramientas para analizar si era realmente lógico aprobar el aumento porque las cuentas fiscales no estaban deterioradas, como sostenía el macrismo.

El presupuesto de la ciudad de Buenos Aires de 2010 alcanza los 17.457 millones de pesos y es el tercero más elevado del país después del nacional y el de la provincia de Buenos Aires. Ante este escenario, el titular del bloque de la Coalición Cívica, Sergio Abrevaya sostiene que "el presupuesto en la Ciudad es cada vez más elevado, y los controles se hacen, paradójicamente, aún más difíciles".

Otro reclamo que realizan los legisladores es que los presupuestos del gobierno de Macri no presentan metas físicas y son sólo presupuestos financieros. Por lo tanto los representantes no saben cuánto le cuesta al Ejecutivo construir el metro cuadrado de una escuela o comprar una camilla de un hospital.

La Auditoría General de la Ciudad y la Defensoría del Pueblo son los dos organismos encargados de controlar el erario público. La Auditoría tampoco tiene acceso al Sigaf y después de varias negociaciones consiguieron que a la hora de realizar controles, el macrismo les otorgue sólo la información referida al sector que están evaluando. Desde el organismo presidido por Sandra Bergenfeld realizaron un pedido formal ante la Justicia, pero ahora están negociando para tener más información y poder brindarles una mayor transparencia a las cuentas públicas.