El dirigente radical Mario Rey presentó ayer ante la Oficina Anticorrupción de la Municipalidad de Córdoba una denuncia por supuestas irregularidades en la contratación de las pólizas de riesgos del trabajo para el personal de Córdoba Recicla Sociedad del Estado (Crese).

Según lo denunciado, el directorio de la empresa Crese optó por una de las más costosas de las coberturas ofrecidas en el concurso de precios. Se trata de la oferta de la Aseguradora Provincia ART, presentada a través de Vía Brokers. Según Rey, la esposa de un funcionario de Procuración Fiscal es socia de la agencia de seguros en cuestión.

Tanto el presidente de Crese, Eduardo García, como su director, Walter Gispert, salieron rápidamente a informar que la decisión obedeció estrictamente a la conveniencia de la empresa municipal. Dijeron que si bien la oferta de Provincia ART es más costosa que las demás, incluye la realización de los estudios preocupacionales sin costo.

Desde Crese sostienen que todas las demás ofertas preveían un costo adicional por esos estudios médicos, lo cual terminaba encareciendo las ofertas hasta superar el precio cotizado por Vía Brokers.

También fue inmediata la reacción de la Oficina Anticorrupción, que está encabezada por Luis Cáceres, un incondicional del ex intendente Luis Juez. La situación abrió una serie de especulaciones políticas, puesto que todo ocurrió en paralelo a la advertencia del intendente Daniel Giacomino sobre la difícil permanencia de los funcionarios juecistas en su gestión.

Cáceres se apersonó en las oficinas de Crese para solicitar información al directorio. Al respecto, García recalcó que la documentación será provista hoy y aseguró que, del análisis de los datos, surge que la oferta escogida fue la más conveniente.

Lo concreto es que la Oficina Anticorrupción no tiene potestad para investigar los actos de Crese. Cáceres se concentrará en la supuesta relación entre el funcionario municipal del área de Procuración y la firma Vía Brokers. "No me va a temblar el pulso para recomendarle al intendente el alejamiento del funcionario, si compruebo un acto reñido con la ética", indicó Cáceres.

El organismo que debe controlar los actos de Crese es la Comisión Fiscalizadora, que hasta ahora fue convocada para supervisar las aperturas de sobres de los concursos de precios, pero no para la adjudicación de contratos.

Alejandra Ferraro, síndica de esa comisión por la UCR, indicó que Crese aún no confeccionó protocolos de proveedores ni de compras, y que esa situación dificulta los controles.

La lista de denuncias que ayer salió a exhibir el radicalismo es extensa. El titular del bloque de concejales, Ramón Mestre, denunció que en sus primeras 48 horas de funcionamiento Crese solicitó un subsidio no reintegrable de 7,5 millones de pesos.

Desde la empresa explicaron que la cifra corresponde a los gastos corrientes y de capital vinculados con la puesta en marcha del servicio, y a recursos para el adelanto salarial que debe abonarse el 20 de febrero. El pedido de dinero data de mediados de enero y hasta ahora el municipio no le transfirió un peso a Crese.

García aseguró que una parte de lo solicitado en concepto de subsidio será descontado de la facturación mensual de la prestataria, que será de unos 14,5 millones.

El edil radical Marcelo Cossar también cuestionó que se haya reconocido la antigüedad de los recolectores pese al pago de indemnización y reclamó que el municipio informe sobre lo acordado con el gremio de Camioneros.