Siguen las denuncias de irregularidades por La Ribera

Desde varios frentes continúa la oposición al ambicioso proyecto inmobiliario por contener puntos poco claros o violar legislaciones vigentes. Fundación ecologista advierte el perjuicio a un millón de personas por anegamiento.

A una semana de que el Concejo de Resistencia aprobara la ordenanza que avala la instalación del barrio privado La Ribera, a orillas del río Negro, por la avenida Sarmiento al 2500, la polémica continúa con críticas, rechazos y denuncias de irregularidades por parte de asociaciones ecologistas y los mismos ediles que integran el Concejo, que comprometen a diferentes organismos públicos. 

Por un lado la Fundación Ambiente Total, miembro de Renace (Red Ecologista Nacional), una vez más alertó que «se pone en riesgo a casi un millón de habitantes de Resistencia, en aras del negocio inmobiliario»; ya que, según viene denunciado de manera reiterada a través de los medios de comunicación y presentaciones formales administrativas, «se altera de manera grosera la topografía con rellenos prohibidos que generarán conflictos de escurrimiento de aguas y nuevos anegamientos en zonas densamente pobladas, con el agravamiento de los problemas sociales que ya existen». Asimismo indicaron que han ignorado la oposición manifiesta de especialistas de la ingeniería y la arquitectura de la misma Administración Provincial del Agua quienes objetaron el proyecto.

Los concejales del PJ Ely Cuesta y Hugo Acevedo, quienes votaron en forma negativa, resaltaron que hasta el momento el proyecto tiene «muchos puntos oscuros y dudosos». Los ediles enumeraron entre ellos todas las objeciones efectuadas por las áreas técnicas que fueron desoídas, el cambio de la planimetría sin estar autorizado, a la inclusión de un hotel en el proyecto, el cual no se encontraba visado en los planos anteriores, y sin estudio de impacto ambiental.

«Este proyecto inmobiliario comenzó hace ocho años, a pesar de tratarse de un emprendimiento prohibido por la legislación vigente», recordó Jorge Castillo, titular de la Fundación Ambiente Total. Asimismo resaltó que los informes de Sameep y Secheep (Expediente 270.190202.028/E) y del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chaco (Expediente 1065/03) «se expidieron explícita y contundentemente acerca de la inviabilidad del proyecto del barrio lacustre desde el principio. También señaló que «en todos estos años se han dictado resoluciones y ordenanzas que prohiben los rellenos (resoluciones 164, del 19/12/02 y 085 del 28/10/08), y que ordenan retirar la tierra arrojada ilegal y clandestinamente (Resolución 106, 23/12/03) y hasta se disponía la apertura de la calle Martina, límite del predio en cuestión (Ordenanza 7715, del 10 /10/05), «que la intendenta Ayala se olvidó de vetar, y que también ignoró».

También señalan la denuncia ante Fiscalías de Investigaciones Administrativas que realizó la Fundación, referida al cambio del plano que acompaña la Resolución 1111/98, por el que la Administración Provincial del Agua modificó la denominación original de «zona prohibida» por la de zona de «restricción severa», que es lo que posibilita la construcción de viviendas lacustres y por ende da viabilidad al barrio- «en una evidente maniobra para beneficiar a la empresa». 

«Con este cambio, los funcionarios de la APA pretendieron blanquear las irregularidades autorizadas, en una maniobra burda que denunciamos en la supuesta audiencia pública que se pretendió implementar fuera del marco legal, sin respetar los mecanismos y tiempos exigidos y en un día feriado, la que impugnamos firmemente».

Por su parte los concejales del PJ, Cuesta y Acevedo, destacaron que la firma Prevyl habría presentado un expediente en 2005, el cual fue pasado a archivo debido al incumplimiento de los lineamientos dispuestos por las áreas técnicas del municipio y el informe emitido por Ambiente Total. Prevyl presentó un nuevo expediente, el cual también adolece de deficiencias severas y tiene objeciones a varios puntos y, pese a ello, se aprobó en sesión del Concejo de fecha 20/10/09.

«La planimetría presentada originariamente difiere de la incluida en el último proyecto, el cual fue aprobado sin que las modificaciones hayan sido visadas por las áreas técnicas, a tal punto que se incluye en el nuevo proyecto un hotel que no tiene factibilidad técnica y no se ha realizado estudio de impacto ambiental», indicaron. «Al estar ubicado en Zona de Restricción Severa, y estar planificado como barrio abierto, ante una eventual inundación del sector, los gastos debemos pagar todos los ciudadanos de Resistencia, aunque no vivamos allí». 

Por último solicitan la intervención de los organismos de contralor (Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Fiscalía de Estado) a los efectos que verifiquen el listado de los propietarios y destinatarios de las parcelas de dicho barrio, «la que seguramente dará que hablar, ya que no extrañaría la inclusión en las mismas de funcionarios y políticos», resaltaron.