El 26 de abril fue el Día Internacional de la Propiedad Intelectual. Mientras tanto, en la Organización Mundial de Comercio (OMC) se tratan propuestas que intentan liberar las patentes de las vacunas contra el COVID-19 y salvar vidas. “La discusión sobre propiedad intelectual y derechos humanos es un debate indispensable que tenemos que dar”, expresó Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre.

“No hay nada para celebrar si no ponemos sobre la mesa la cuestión de fondo sobre el acceso a medicamentos, a producción académica, a materiales educativos y a todo otro insumo indispensable para luchar contra la catástrofe global que azota a todo el planeta, pero muy especialmente a los países en desarrollo”, expresaron desde un comunicado la Fundación. La pandemia lleva más de 3 millones de fallecidos y sólo 10 países concentran el 75% de las vacunas disponibles a nivel mundial según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Mientras tanto al resto le toca esperar.

Según la Organización Mundial de la Salud, sólo 10 países concentran el 75% de las vacunas.

El 22 de abril, la OMC se reunió para analizar las diferentes propuestas que giran en torno al tema. Entre las opciones, se encuentra la que India y Sudáfrica enviaron en octubre de 2020, para suspender el sistema de patentes por un tiempo determinado. El gobierno argentino acompañó esta iniciativa que obtuvo gran apoyo a nivel mundial. Pero los países desarrollados se posicionaron en contra, objetando que una decisión así sería contraproducente para la innovación.

Por otro lado, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Chile y Turquía pidieron a la OMC mejorar la cooperación entre laboratorios privados para acelerar la producción de vacunas, argumentando que gran cantidad de estados no tienen la posibilidad de producirlas. "Pero lo cierto es que existe capacidad de producción en muchos países como India y Brasil, y la liberación de las patentes es una estrategia válida que apoyamos enfáticamente”, apuntó Busaniche autora del libro Propiedad intelectual y Derechos Humanos.

Marco regulatorio

A nivel mundial rige desde 1995 el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), establecido por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Según a Busaniche, es una normativa muy estricta. "Es una falacia pensar que con sistemas rígidos de propiedad intelectual se produce innovación; es necesario flexibilizarlos. Mucho de lo que se hizo en la lucha contra el COVID-19 tienen que ver con inversión pública en ciencia y desarrollo”, continuó Busaniche. En esta línea, se debe mencionar que Sputnik V fue desarrollada en una institución estatal, al igual que Sinopharm y las vacunas cubanas. En tanto, Pfizer recibió fondos del gobierno estadounidense y Astrazeneca contó con presupuesto del sector público.

India y Sudáfrica enviaron una propuesta a la OMC en octubre de 2020, en la que instan a suspender el sistema de patentes por un tiempo determinado.

Fundación Vía Libre y otras 250 organizaciones de investigación y educación de todo el mundo firmaron una petición que busca suspender los sistemas de propiedad intelectual para conocimientos indispensables para la lucha contra el coronavirus. "Hay mucho conocimiento científico que se está desarrollando que está quedando bajo siete llaves, volviéndose material académico no accesible”, afirmó Busaniche. 

Para la especialista, existen contradicciones. En 2001 la OMC, “en la Declaración de Doha (Qatar) estableció que los estados tienen capacidad de establecer mecanismos de flexibilidades a las patentes para producir medicamentos o para establecer licencias e importaciones, para atender una emergencia sanitaria. Esto produjo un enorme impacto sobre el ejercicio del Derecho Humano a la salud, lo cual fue reconocido por la Organización”, explicó. 

Mientras los países en desarrollo esperan que la organización que regula el comercio a nivel mundial decida el futuro de la salud de todos, Argentina logró avanzar en la producción de 21.000 dosis de Sputnik V gracias a un acuerdo entre el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) y la empresa farmacéutica Laboratorios Richmond SACIF. También la farmacéutica AstraZeneca acordó con el laboratorio argentino mAbxience para producir el principio activo de la vacuna. Pero faltarían muchos acuerdos de este tipo para abastecer la falta de vacunas en todo el mundo o la flexibilización de las patentes. “La OMC debe ponerse a la altura de las circunstancias y demostrar que su función es velar por el bienestar de la humanidad y no por el interés mezquino de unos pocos”, alertaron desde Via Libre.