Según un informe de la Auditoría General de Salta, un municipio le compró una camioneta a su propia tesorera, pese a que la ley provincial de contrataciones, en el inciso 7 del artículo 49, prohíbe a los empleados públicos ser proveedores del Estado.

Fue en Colonia Santa Rosa, un pueblo de unos 17 mil habitantes, ubicado a 246 kilómetros al norte de la capital salteña. El organismo de control provincial detectó que el municipio dispuso por resolución la compra directa de una pick up Ford Ranger valuada en $ 43 mil y que la adjudicataria se desempeñaba en ese momento como tesorera de la comuna.

La Auditoría salteña respondió a un reclamo de los vecinos de Colonia Santa Rosa, que en abril de 2008 solicitaron que se investigue, además de la compra de la camioneta, el avance de las obras y los pagos que se realizaron en la ejecución de dos proyectos: un gasoducto y un depósito de residuos sólidos. El informe, aprobado este año, señala que en ambos casos se encontraron irregularidades que van desde trabajos inconclusos, hasta el incumplimiento de la legislación vigente sobre medio ambiente.

La instalación de un gasoducto, una red externa de distribución de gas natural, servicios domiciliarios, provisión y montaje de plantas de medición y regulación, fue un proyecto financiado por el Municipio de Colonia Santa Rosa y el Gobierno salteño, adjudicado a la empresa Migsa Constructora, la única que se presentó a la licitación pública. El emprendimiento quedó valuado en $ 2.305.195 y debía estar terminado a fines de julio de 2006, 180 días después de la firma del contrato.

Pero en octubre de 2007, el intendente de Colonia Santa Rosa rescindió el acuerdo “por incumplimiento de plazo de ejecución”, dice el informe, y añade que, para entonces, el municipio ya le había pagado a la empresa $ 1.717.105, el 74,45% del presupuesto pactado, “lo que implica un avance significativo, con un plazo ampliamente vencido y sin embargo la obra se encuentra inconclusa”.

Además, “si bien la contratista afirma que la obra está ejecutada en un 93%, esta auditoría no ha podido verificar específicamente el porcentaje (de avance) por la carencia de documentación”, sostiene el organismo de control, en referencia a que la firma nunca presentó un plan de trabajos por etapas, como lo preveía el pliego de bases y condiciones. Y suma otro dato: la empresa Gasnor S.A., que desde 1992 distribuye gas natural en el NOA, informó que “la obra se encuentra paralizada desde septiembre de 2007”.

Sobre el proceso de adjudicación, la Auditoría salteña observó que la empresa Migsa tampoco presentó el certificado de capacidad de contratación, un documento que expide el subprograma de contratistas de obra pública de la provincia. De hecho, la firma sólo entregó una inscripción que la autoriza a ofertar “exclusivamente en el rubro ‘servicios de mantenimiento y reparación de edificios’”.
 
Por otro lado, el municipio efectúa la disposición de los residuos sólidos urbanos en un predio rodeado de árboles que está a unos siete kilómetros de su plaza principal. Como nunca recibió la documentación que solicitó sobre el avance del proyecto, la Auditoría provincial debió ir hasta el lugar para notar que el terreno había sido deforestado. Allí también descubrió que los residuos son depositados “a cielo abierto, sin clasificación alguna y sin ningún tratamiento”, lo que implica un incumplimiento de la ley 7.070 de protección del medio ambiente que, en su artículo 110, justamente establece que los distritos deberán “implementar mecanismos viables para fomentar el reciclaje”, y que en la disposición y el tratamiento de los residuos, se haga una separación entre los materiales biodegradables y los que no lo son.