El modo de selección de los responsables de los organismos de control se discute en la Comisión de Control de Estado. Hay distintas interpretaciones a la Ley 9.768 respecto de si el Consejo de la Magistratura puede tener ingerencia, o no, en la designación de estos funcionarios. Este escollo puso en revisión textos ya aprobados, dictámenes unánimes y proyectos en marcha.

 

Con proyectos en marcha, dictámenes consensuados e incluso despachos ya aprobados en el pleno, la Comisión de Control de Estado debate el modo en que se designará a los funcionarios a cargo de los organismos de control: Tribunal de Cuentas (TdC), Contaduría, Tesorería, Fiscalía de Estado.

En principio, el criterio de la comisión había sido la designación de estos funcionarios a través del Consejo de la Magistratura, pero una interpretación literal de la ley 9768 (de convocatoria a la reforma) pareció colisionar con ese criterio.

En el artículo 1º de la norma, que lista los temas habilitados para la discusión de la Convención, se incluye el inciso 35 que prevé darle rango constitucional al Consejo de la Magistratura que ya funciona, por decreto firmado por Jorge Busti, en los primeros días de su última gestión.

La redacción del inciso en cuestión es la siguiente: (se habilita a los convencionales a) "Incorporar la figura del Consejo de la Magistratura como organismo técnico, con participación ciudadana, para la selección y acusación de jueces y funcionarios del Poder Judicial".

Sólo una "interpretación gramatical, que pudiera hacer quien simplemente sepa castellano" –según la mirada del convencional Julio Federik- puede afirmar que la Asamblea está impedida de darle al Consejo de la Magistratura la facultad de intervenir en la selección en los organismos de control.

Según la interpretación literal de la ley, sólo debiera intervenir en el nombramiento de miembros del Poder Judicial.

SITUACIONES. Lo cierto es que este escollo terminó por demorar el tratamiento final de todos los organismos de control, los cuales se encuentran, cada uno, en distinta situación de tratamiento.

En el caso del Tribunal de Cuentas, el despacho ya fue aprobado por el pleno y se demora, ahora, en la Comisión de Redacción y Revisión final del texto.

Respecto de Contaduría y Tesorería, el problema se salvó con la redacción de un dictamen, firmado por todas las bancadas, que prevé un "concurso público" para la designación de los responsables de estos organismos, sin consignar si ese concurso lo implementará o no el Consejo.

Con relación a la Fiscalía de Estado, el tema se comenzó a debatir ayer en la Comisión de Control de Estado pero se avanzará poco y nada. No habrá dictamen hasta que no se resuelva un criterio único para la selección, no sólo del fiscal, sino del contador, el tesorero, y los vocales del TdC.

Hubo quienes fueron más allá e, incluso, consideran que podría revisarse el modo de elección el Defensor del Pueblo para lo cual ya se aprobó –por mayoría- la votación en ambas cámaras.

A todo esto, el Consejo de la Magistratura es uno de los debates centrales que da, por estos días, otra comisión: la de Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y Régimen Electoral. Es allí donde se resuelve, precisamente, cual será la función del organismo y si tendrá ingerencia o no en otras áreas, distintas de la del Poder Judicial.

La necesidad de una discusión de ambas comisiones, respecto del punto, surgió ayer como premisa fundamental.

MIRADAS. Federik, que preside Control de Estado, defendió enfáticamente, ayer, la posibilidad de una interpretación extensiva de la Ley 9.768 que le dé, al Poder Constituyente, un margen de libertad para imaginar el mejor Consejo de la Magistratura.

"No podemos hacer lo que no está prohibido, pero la prohibición es la herramienta de la libertad. Acá funcionamos con libertad. Esto no puede ser una cárcel", enfatizó Federik, que afirmó que "la ley 9.768 no requiere interpretaciones gramaticales porque si así fuera, no necesitaríamos más que saber castellano". "Hay que hacer una interpretación razonable y la nuestra lo es", aseveró.

Desde diferentes aportes, abonaron la posición los juristas Marciano Martínez (Viva Entre Ríos) –"la norma constitucional es una norma que requiere una interpretación política", afirmó- y Raúl Barrandeguy (PJ) que aseguró que "en todos los supuestos de colisión con la ley, se ha afirmado siempre que el poder constituyente debe realizar una interpretación amplia".

Martínez puso de relieve que "si le vamos a hacer rendir a los empleados públicos –tal como ya se aprobó- ¿cómo no le vamos a hacer rendir a quienes van a encargarse de los organismos de control?".

Por otro lado, Barrandeguy cuestionó la redacción de la Ley 9.768 en tanto que "sólo parece que hiciera falta que levantemos la mano" por el nivel de detalles respecto de lo que la Convención puede tratar o no.

Opinión distinta tuvo el oficialista Luis Márquez. Repasó el espíritu que motivó el decreto de creación del Consejo de la Magistratura. "Se reclamaba transparencia en la selección de jueces en todo el país y acá, en Entre Ríos, muchísimas organizaciones se plantaron para que (Sergio) Montiel frenara los nombramientos de jueces". "El espíritu era transparentar la Justicia. Busquemos otro mecanismo. No es el Consejo de la Magistratura. Busquemos acá un mecanismo especial, no es tan complicado", propuso.

Contra esta moción, Martínez volvió a tomar la palabra para afirmar que "si el Consejo anduvo bien, como todos dicen, acudamos al Consejo. ¿Para qué otro organismo?".

Falta aún saldar las diferencias, aún dentro del propio bloque oficialista. Lo cierto es que, hasta tanto no haya un criterio determinado, no se avanzará en la sanción final de las reformas a los organismos de control.

Demorado

EL DICTAMEN DE CONTADURÍA Y TESORERÍA, con la rúbrica de los convencionales de todas las bancadas, no sólo se demora en comisión por la cuestión planteada respecto del modo de designación.

Desde el oficialismo, se pretende rever la facultad atribuida a la Contaduría respecto de la evaluación del precio en toda contratación llevada adelante por el Estado. Federik, que fue quien propuso añadirle al contador esta responsabilidad, dijo que defenderá la redacción propuesta y ya avalada por oficialismo y oposición.

Integrantes del STJ se reúnen con convencionales

La Comisión de Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Reforma electoral recibirá hoy a los miembros del Superior Tribunal de Justicia. "El martes pasado ingresó una nota de los vocales del STJ pidiendo audiencia con la Comisión que, inmediatamente la concedió" para hoy, a las 16.30, explicó a EL DIARIO, el convencional Miguel Carlín.

El presidente de la referida Comisión no pudo brindar precisiones en torno de la agenda a tratar aunque estimó que los vocales tendrán interés en fijar opinión sobre uno o varios de los proyectos vinculados al Poder Judicial que se consideran en el marco de la reforma tales como Consejo de la Magistratura, Ministerio Público, trámite del proceso contencioso administrativo, libertad condicional, es decir, asuntos que se relacionan directamente con la Justicia.

TEMARIO. El Dr. Carlín recordó que en la primera reunión de la Comisión que preside se acordaron los criterios para ir resolviendo el tratamiento de los diversos proyectos. En aquella oportunidad se resolvió tratar primero lo relativo a Poder Legislativo, luego Ejecutivo, Judicial, y finalmente, Régimen Electoral.

En particular, la semana pasada se inició el análisis del proyecto de reforma para incorporar al texto constitucional el Consejo de la Magistratura, que según vaticina el convencional, insumiría un par de semanas más.

El convencional justicialista habló de "varias reuniones, porque lo que hay que definir es el diseño, la integración del Consejo, luego qué funciones se le asignan, en tercero lugar, duración del mandato, y el carácter ad honorem o no de sus integrantes".

A título de ejemplo, comentó algunas de las variantes que presentan las propuestas presentadas por los convencionales sobre este punto. Refirió que mientras algunos plantean que la función debe ser designar jueces para los tribunales inferiores, otros agregan a los miembros del Superior Tribunal, el Procurador General, el Fiscal General y el Defensor General. Hay quienes sostienen que también tendrían que ser designados por el Consejo, miembros de ciertos órganos como por ejemplo, de la Oficina Anticorrupción, del Tribunal de Cuentas, y otros organismos de control, en cuyo caso habría que integrar contadores.

Frente a los diversos criterios que introducen los proyectos presentados, el convencional explicó que "lo que hay que buscar es un consenso importante", para lo cual "se ha estado discutiendo con fuertes argumentos", aseguró al referirse al debate hasta ahora desarrollado con relación al Consejo de la Magistratura, "un tema relevante", definió Carlín.