Luego de la sanción de la Ley N° 26.857 sobre el carácter público de las declaraciones juradas, en el año 2014 la Corte dispuso la creación de un formulario online para quienes quisieran pedir esta información sobre sus integrantes. Pero el servicio nunca tuvo un funcionamiento efectivo.

Hasta el 2019, la Asociación Civil por la igualdad y la Justicia (ACIJ) le reclamó a la Corte que entregue las DDJJ de los jueces. En julio del año pasado, por primera vez, se presentaron los documentos. Sin embargo, además de la falta de celeridad, los funcionarios brindaron datos que no eran los esperados. 

El abogado del área Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas de la ONG, Marcelo Giullitti le explicó a El Auditor.info que “el primer problema es que la información de los bienes se encuentra dividida en montos totalizados, sin individualización que posibilite comprobar que el valor declarado se corresponde con el valor normal de los mismos”.

“Otro de los inconveniente es la declaración en valores fiscales”, agregó Giulliti y detalló: “el valor fiscal de los bienes impide conocer el patrimonio real y produce otras distorsiones, como en el caso de la venta de bienes. Cuando un bien es vendido, egresa el valor fiscal, pero el monto ingresante es el valor real, lo cual da una apariencia de un crecimiento patrimonial injustificado”, indicó.

Para Giullitti "son poco frecuentes las sanciones a los funcionarios públicos que no cumplen"

Giullitti aseguró que “las declaraciones juradas a las cuales se accedió tampoco contienen información patrimonial del cónyuge y/o conviviente e hijos menores de edad ni los antecedentes laborales de los jueces”. “Esta falta de datos es un obstáculo para realizar un control eficaz de la evolución de bienes de sus miembros, así como para detectar eventuales conflictos de intereses”, sentenció.

A pesar que los funcionarios de todos los poderes tienen demoras a la hora de entregar sus DDJJ, existe una diferencia en la celeridad y la calidad ¿Por qué? “Las leyes que las regulan contienen serias dificultades de interpretación que dieron lugar a una reglamentación dispar por parte de los distintos sectores, posibilitando que mucha de la información pase a formar parte de anexos reservados”, argumentó el especialista.

“Los incentivos y las prácticas institucionales en los distintos poderes son disímiles, lo cual tiene como resultado diferentes posturas sobre la publicidad de la información patrimonial”, agregó el abogado y concluyó: “Finalmente, la falta de consecuencias y la baja demanda social respecto a la calidad de lo publicado es otro de los factores que explica la disparidad de ldatos”.

“La Corte debería modificar urgente la cantidad y calidad de la información que publica, así como su disponibilidad"

En este sentido, "los mecanismos de control establecidos dentro de cada poder no cuentan con la estructura, herramientas ni la suficiente independencia para realizar monitoreos exhaustivos sobre lo declarado, ni para exigir mejores estándares en la reglamentación”, comentó. “Incluso, se puede decir que son muy poco frecuentes las sanciones para los funcionarios públicos que no cumplen con las obligaciones vigentes sobre la presentación de los documentos”, detalló. 

Por estas razones, Giullitti fue uno de los miembros de ACIJ que realizó una serie de observaciones y recomendaciones, entre las cuales se destaca que “la Corte debería modificar en forma urgente la cantidad y calidad de la información que publica en sus formularios de declaraciones juradas, así como su disponibilidad”. 

“Para ello es necesario que sus formularios permitan la identificación de los bienes y su valor (tanto en nuestro territorio como en el extranjero), ya sea propios como de sus cónyuges e hijos menores. También es necesario que avance en forma rápida con la publicación de las mismas en forma online y en formatos abiertos y reutilizables, eliminando cualquier tipo de barrera para la consulta por parte de la ciudadanía”, indicó el abogado.