El Plan Nacional de Hábitat (PNH) se creó como una iniciativa para coordinar esfuerzos y atender a las necesidades del hábitat y la vivienda en Argentina, dejando atrás un conjunto de programas de la misma temática y con objetivos afines.

En esta oportunidad, la Auditoría General de la Nación (AGN) realizó un informe de la gestión del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat con respecto a la articulación de políticas relacionadas con la meta 11.1 del ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles). La misma apunta a, de aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos.

Además, se examinó la gestión del PNH en cuanto al cumplimiento de buena gobernanza, con la definición de roles y responsabilidades, articulación, participación ciudadana, planificación y gestión por metas y resultados; junto con la ejecución de obras en el marco de su implementación.

Los hallazgos en cada una de estas instancias no fueron favorables y expusieron falta de coordinación y planeamiento a nivel nacional.

Falencias de base

En primer lugar, el informe expuso la falta de un plan estratégico para llevar adelante las distintas metas del PNH, dificultando la vinculación entre objetivos, medios y acciones. Además, se eliminaron los componentes referidos a los programas de desarrollo humano y no se pudo verificar la existencia de una línea de base del plan, que surgiera del relevamiento participativo de problemas vinculados al hábitat que se intentan resolver y otorgan orientación a la política pública.

El principio fundamental de los ODS  es “Llegar primero a los más rezagados para no dejar a nadie atrás”

Esto imposibilita medir la planificación y ejecución del proyecto, alejando al programa de los problemas reales que debe abordar, lo cual conlleva un riesgo para el cumplimiento del principio fundamental de los ODS: llegar primero a los más rezagados para no dejar a nadie atrás. La participación de estos grupos en el ciclo completo de la política pública es esencial para otorgarle coherencia, a través de un proceso inclusivo.

La auditoría también señala que se eliminó el financiamiento de programas provinciales y/o municipales para el mejoramiento del hábitat en una de las modificaciones hechas en la reglamentación, acortando así el alcance de las políticas en todo el país.

Asimismo a nivel presupuestario se encontraron inconsistencias a lo largo de los años, incluyendo subejecución de fondos y gastos sin justificar.

Por último, en 2019 no se informan indicadores de resultado, lo cual es destacable ya que la utilización de los mismos es lo que posibilita el desarrollo de la gestión por objetivos y resultados en la gestión pública. Son una gran herramienta tanto para la evaluación, como para la rendición de cuentas pero, del relevamiento de expedientes recibidos por la Secretaría de Hábitat, se concluye que no tienen mecanismos de evaluación de los niveles de cumplimiento.

El Plan Nacional de Hábitat apunta a garantizar el acceso a la vivienda en todo el país, por lo que es clave la articulación entre distintas autoridades.
El Plan Nacional de Hábitat apunta a garantizar el acceso a la vivienda en todo el país, por lo que es clave la articulación entre distintas autoridades.

Falta de transversalidad

Junto con el Plan Nacional de Hábitat, existen el Plan Nacional de Vivienda y el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, cuyos objetivos también están alineados al ODS 11. Sin embargo, durante el período auditado, que va desde enero de 2018 a fin de mayo de 2020, se evidenció una ausencia de articulación entre los mismos, dando lugar a una falta de coherencia horizontal.

Según la AGN, “la concepción de hábitat que emana de esta política pública resulta limitada”

Es importante que aquellos programas que están relacionados y comprometidos con el cumplimiento de las distintas metas, efectivamente desarrollen esos vínculos para poder llevar a cabo los objetivos asumidos, que en este caso impactan directamente en el acceso a la vivienda de sectores populares y de escasos recursos.

Según la AGN, la información que alimenta al plan y la que se produce mediante reportes resulta sesgada y carente de datos desagregados, lo que provoca que el hábitat no esté concebido como una política integral e inclusiva. La concepción de hábitat que emana de esta política pública resulta limitada para dar respuesta a la Agenda 2030.