La lucha contra la corrupción, ¿una batalla perdida?
Qué estrategias se implementaron y cuáles aún deben aplicarse. Los avances y retrocesos en las políticas por un país más íntegro y transparente desde la mirada de expertos en la materia.
Cada 9 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción, fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) para concienciar sobre la problemática e incentivar su lucha y prevención. En Argentina se dieron pasos hacia adelante en lo que refiere a legislaciones y procedimientos para evitar sobornos o abusos por parte de funcionarios, sin embargo muchas medidas no fueron efectivas.
Durante los últimos años se sancionaron normas en materia de anticorrupción, tanto para el sector público como el privado. La ley de Acceso a la Información Pública, las normas vinculadas a Transparencia en Juicios del Estado y Contrataciones, Gobierno Abierto, el Régimen de Obsequios a Funcionarios Públicos, la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, la de Defensa de la Competencia, sumado a la creación de una Oficina Anticorrupción, un Observatorio de la Obra Pública son sólo algunas de las normas y lineamientos establecidos para un mayor ordenamiento y transparencia de los poderes del estado, pese a que los resultados son insuficientes.
“En el país notamos que hubo más avances de tinte normativo que práctico”, sostuvo el director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Poder Ciudadano, Germán Emanuele, ante la consulta de El Auditor.info. “Hay políticas a nivel nacional sobre gobierno abierto y equidad, aunque queda mucho por hacer. Hoy hay una Oficina Anticorrupción con una Estrategia Nacional de Integridad, sin embargo hay muchas alertas que debemos tener en cuenta”, agregó.
"El alerta más grande es la independencia de la Justicia", sostuvo Germán Emanuele de Poder Ciudadano.
La organización civil presentó semanas atrás los resultados del Informe de seguimiento al cumplimiento del Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”, suscrito por los Estados en el marco de la VIII Cumbre de las Américas en 2018. Del trabajo participó además de PC, Fundación Directorio Legislativo y Punto Focal del Foro Ciudadano para las Américas (FCA).
Del informe se desprende que de los tres poderes del Estado, el judicial es el que presenta mayores complicaciones. “El alerta más grande es la independencia de la Justicia, es el más opaco en cuanto a transparencia, rendición de cuentas, autonomía y participación ciudadana. Deben mejorarse las capacidades de las instituciones para la protección de testigos. La corrupción tiene su éxito por los pactos de silencio. No hay un sistema de protección para esos denunciantes y eso es un gran obstáculo”, indicó Emanuele.
La llegada de la pandemia afectó aún más la eficacia de las políticas delineadas para combatir la corrupción. “Se dificultó el acceso a la información pública porque muchos organismos no estaban digitalizados. Notamos que hubo problemas comunes en toda la región como la discrecionalidad en las compras de insumos, las medidas restrictivas que se adoptaron, algunos abusos que profundizaron la desconfianza de la ciudadanía”.
El control como herramienta
“Todos queremos control, pero para los demás”, comentó Juan José Tufaro, secretario general de la seccional de la Ciudad de Buenos Aires de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) en una entrevista realizada por el ciclo El Dedo Gordo que se emite por Radio SI. “Nos gusta el control y hablamos de control cuando no es para uno, incluso en acciones menores. Cuando nos para la policía para pedirnos la identificación del automóvil ya nos sentimos molestos, un hecho muy menor, y decimos ‘porque no controlan a aquel otro’”, remarcó.
"El ejercicio de la auditoría y del control debería ser claramente concomitante", enfatizó Tufaro.
Según el representante sindical, uno de los mayores reclamos que deben atenderse es la independencia financiera de los organismos para que tengan autonomía y no dependan del Gobierno. “Que se fije un presupuesto es una manera, entre muchas otras, para no estar sujeto a la voluntad del Ejecutivo. Creemos que la verdadera independencia del organismo de control debe partir de esa base”, indicó.
Por otra parte, consideró que las auditorías tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Nación deberían ser concominantes y no un procedimiento posterior como ocurre ahora. “A veces uno controla a uno o dos años vencidos y quizás hasta cambió el director del organismo. Nos parece que el ejercicio de la auditoría y del control como lo entendemos debería ser claramente concomitante ya sea para parar una licitación que está mal hecha o para un acto disvalioso para el Estado”.
A 20 años de la crisis de 2001
Este diciembre se cumplen 20 años de uno de los estallidos social, político y económico más importantes del país. El lazo entre la clase política y la sociedad voló por los aires y fue arduo el camino de reconstrucción.
"Se consiguieron algunos consensos básicos del sistema democrático pero se necesitan estrategias a largo plazo”.
“El 2001 fue un hartazgo generalizado. Se consiguieron algunos consensos básicos del sistema democrático pero falta mucho, se necesitan estrategias a largo plazo”, consideró Emanuele. “Queda mucho para trabajar en cuanto a integridad. Una situación de crisis extrema hay que resolverla con consensos, de lo contrario será difícil construir la democracia que nos merecemos”, señaló.
Para Emanuele, la participación ciudadana es clave en la lucha contra la corrupción y para lograrlo es necesario que se restablezcan los vínculos con las instituciones. "Hay una mayor demanda de transparencia en un contextos de elevada desconfianza en las instituciones publicas. La sociedad desconfía de las decisiones que se toman no importa cuáles sean. Es importante promover la confianza", dijo.
